28 de marzo de 2024, 20:28:01
Profesionales


PSOE, Ciudadanos y PNV se comprometen a trasponer la directiva que hará realidad la prescripción enfermera

Por Elsa Bernaldo de Quirós

Mientras el PP reconoce haber cometido errores en su trato a la enfermería española, el resto de partidos políticos que han participado en el debate organizado por la Mesa de la Profesión Enfermera sí se comprometen con la autonomía de las enfermeras.


Los principales partidos políticos que concurren a las Elecciones Generales del próximo 26 de junio explicaron ayer, en la jornada Compromisos políticos para el futuro de la Enfermería, organizada por la Mesa de la Profesión Enfermera (SATSE-CGE), sus principales líneas estratégicas de actuación en el ámbito sanitario, y especialmente en lo que respecta a la profesión enfermera.

Los representantes de PSOE, Ciudadanos y PNV han mostrado su respaldo al tema más polémico y preocupante de los que afectan a la profesión –y, por ende, a los ciudadanos- como es la prescripción por parte de los profesionales enfermeros de determinados medicamentos que estos ya usan de forma habitual en su día a día

El Partido Popular, que adulteró a última hora y a espaldas de la profesión el Real Decreto que desarrolla esta función, ha pedido perdón por los errores y ha prometido no repetirlos, pero sin compromiso alguno de sumarse a la corriente mayoritaria de las otras fuerzas, también expresada en los últimos meses en los parlamentos autonómicos.

La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por Consejo General de Enfermería y Sindicato de Enfermería SATSE, ha explicado a los políticos que, “amén de la bajeza y cobardía de romper lo pactado en el último momento, no debe haber un debate sobre la conveniencia o no de la prescripción enfermera, pues ese debate ya se cerró con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios hace ya más de diez años y con consenso de las profesiones”.

Tras el engaño del Partido Popular, personificado en la figura del ahora ministro en funciones Alfonso Alonso, “la mejor vía para resolver este asunto es, como por otra parte está obligada España, trasponer de una vez la Directiva Europea de Cualificaciones que reconoce el diagnóstico enfermero autónomo. Y la forma correcta de hacerlo es mediante una ley específica.

Esto abre las puertas a la prescripción de fármacos dentro de las competencias del profesional enfermero y exige la modificación de dos leyes importantes de nuestro sistema sanitario, como son la Ley de Ordenación de la Profesiones Sanitarias y de la Ley del Medicamento”, añade González Jurado.

Los presidentes del Consejo General de Enfermería y del Sindicato de Enfermería SATSE han anunciado que si los partidos no apuestan por hacer la trasposición correcta de la Directiva a través de una Ley, será la profesión enfermera quien lo haga a través de una Iniciativa Legislativa Popular.

Diagnóstico

Tanto Ciudadanos como PNV se han mostrado muy contundentes en su compromiso con esta vía, algo que también suscribe el partido socialista. “Estamos ante una transformación del modelo asistencial en el que el cuidar debe tener un papel predominante frente al curar. Por este motivo, reclamamos un rol central de la profesión enfermera y una pronta aprobación de un nuevo marco regulatorio, que trasponga la directiva europea 53/13 porque sabemos que el médico es el que realiza diagnósticos médicos, pero entendemos que el diagnóstico es un ámbito con capacidad expansiva”, ha asegurado Mikel Legarda, cabeza de lista del PNV por Álava.

Por su parte, Daniel Álvarez Cabo, portavoz de Sanidad de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, considera que la trasposición de la directiva europea es uno de los compromisos de su partido, “que va a hacer lo posible” por conseguirlo en el caso de llegar a gobernar.

El portavoz de Sanidad del PSOE en la Comisión de Sanidad en el Congreso en esta última legislatura, Jesús Mª Fernández, cree que “es necesario desarrollar las competencias de la enfermería porque ahora con los modelos de cambio de la sanidad estos profesionales requieren más funciones”.

Fernández ha acusado al Partido Popular de no haber cumplido ningún punto de lo Pactado en 2013 con el Gobierno de Mariano Rajoy y no haber dado explicaciones del porqué de ese incumplimiento de un documento que recogía, entre muchas medidas, la prescripción.

“Yo suscribiría ese pacto en un 95 o 98 por ciento y creo que esto es lo que hay que llevar adelante. El problema es que cuando el ministerio firma esto sabía que no lo iba a cumplir porque no se ha cumplido absolutamente ni una sola letra de este acuerdo extraordinariamente completo y creo que, además, progresista".

La prescripción ha ocupado buena parte del debate y en su intervención final Elvira Velasco, presidenta de la Subcomisión de Enfermería de la Comisión Nacional de Sanidad del Partido Popular ha reconocido que “desde luego no hemos sido muy elegantes con la profesión y debemos aprender de nuestros errores, que sirva esto para que en la próxima legislatura no permitamos cometer los mismos errores”.

Aunque en líneas generales, Velasco ha defendido una vez más la postura de su partido y ha incidido en que “lo que se ha hecho con este RD es regular lo que se recogía en la ley y las profesiones están de acuerdo en un 90% de las cuestiones, excepto en el artículo 3.2”. Aun así, ha reconocido que en el PP hay voluntad de revisar este tema y que si vuelven a gobernar, ella misma velará porque así se haga y conseguir que se llegue a un consenso entre profesiones.

Gestión profesionalizada

Otro de los temas que han acaparado el debate es la profesionalización de la gestión y el acceso de enfermeros a cargos de dirección y gestión. En este capítulo sí hay acuerdo y unanimidad entre los representantes políticos.

Ciudadanos, en palabras de Álvarez Cabo, defiende “la profesionalización de todos los puestos directivos. Las enfermeras tienen que formarse, tener experiencia y participar en procesos selectivos de concurrencia competitiva. Las supervisiones de enfermería no siempre se convocan de la misma manera, y se tiende a la endogamia. Queremos convocatorias homogéneas para todo tipo de jefaturas, basada en los méritos, en la concurrencia competitiva y en la transparencia de los procesos”.

Algo que suscribe el PSOE, ya que “la mayor defensa para evitar la privatización de la sanidad es hacer una gestión sanitaria pública eficiente con criterios y procedimientos de acceso a puestos directivos y trasparencia en los resultados”.

A este respecto, Máximo González Jurado ha aseverado que “el intento de dejar fuera a la enfermería en la gestión clínica es una absoluta indignidad, una ataque flagrante contra una profesión. Más aún cuando se está yendo a por nosotros, por el mero hecho de ser enfermeros, porque nadie pone pegas por ejemplo, a que otras titulaciones con el mismo nivel académico que nosotros, el Grado, y sin embargo absolutamente ajenas a la sanidad, como son derecho o economía, ocupen cargos de gestión sanitaria”.

Agravios

En el transcurso del debate, el presidente del Sindicato de Enfermería, SATSE, Victor Aznar, ha resaltado los problemas de la profesión más enfocados a los entornos laborales y las reivindicaciones de la enfermería hacia el Gobierno que salga de las urnas el 26J. “Estamos preocupados desde la Mesa de la Profesión por las crecientes demandas desiguales de los ciudadanos. Cada vez hay más pacientes, las poblaciones crecen y envejecen, las enfermedades se cronifican y la sociedad demanda unos cuidados y vivir y morir con calidad. Sin embargo, parece que la sociedad va por un lado y el sistema sanitario por otro. De ahí que las necesidades de cuidados no resueltas se trasladan a las familias”.

Para la Mesa de la Profesión Enfermera, las desigualdades y discriminaciones presentes en el sistema, en función exclusivamente de la categoría profesional, para las que no hay argumentos, “es una estafa a la profesión y a la sociedad, pues se les priva de resolver sus necesidades de cuidados”.

Aznar ha analizado “el agravio comparativo extendido en el sistema de las enfermeras en función de su titulación académica”. Situaciones a su juicio intolerables entre las que destacaba la diferente protección durante el embarazo de médicos y enfermeras, la exención de guardias a partir de los 55 años, la aplicación diferente de la ley de incompatibilidades para trabajar en la sanidad pública o privada, las retribuciones por guardia, o “el impacto desigual de la crisis según la categoría profesional”.

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