El Gobierno de España ha aprobado una nueva instrucción que establece la prohibición efectiva de los vientres de alquiler, una práctica ilegal en el país desde 2006. A partir de ahora, el Registro Civil no inscribirá directamente a los bebés nacidos mediante esta práctica. Esta medida refuerza el compromiso del Gobierno con la protección de los derechos de las personas y la regulación de la maternidad subrogada. Para más detalles, visita el enlace: https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia-justicia-relaciones-cortes/Paginas/2025/300425-instruccion-vientres-de-alquiler.aspx?qfr=2.
El Gobierno ha dado un paso significativo en la lucha contra los vientres de alquiler al aprobar una nueva instrucción que busca hacer efectiva la prohibición de esta práctica, vigente en España desde 2006. La medida implica que el Registro Civil dejará de inscribir de forma directa a los bebés nacidos a través de esta controversial técnica.
Con esta decisión, el Ejecutivo reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y la protección de la infancia. La prohibición del alquiler de vientres se basa en principios éticos y legales que consideran esta práctica como una forma de explotación.
La instrucción aprobada establece directrices claras para garantizar que ningún bebé nacido mediante vientres de alquiler sea registrado como español. Esta medida se implementará con el objetivo de evitar cualquier tipo de reconocimiento legal a los contratos de gestación subrogada, considerados nulos en el ordenamiento jurídico español.
A través de esta normativa, el Gobierno busca también sensibilizar a la sociedad sobre las implicaciones morales y sociales del alquiler de vientres, promoviendo un debate más amplio sobre este tema tan delicado.
La aprobación de esta instrucción ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social. Grupos defensores de los derechos humanos han celebrado la decisión, mientras que otros sectores continúan defendiendo la gestación subrogada como una opción válida para muchas familias.
En un contexto donde el debate sobre los derechos reproductivos y la ética en la maternidad subrogada sigue siendo intenso, esta medida representa un hito importante en la política española hacia una mayor regulación y control sobre prácticas consideradas controvertidas.