Es fundamental apoyar a las víctimas de violencia sexual en conflictos, según el informe presentado por Pramila Patten al Consejo de Seguridad de la ONU. En un contexto donde el gasto militar diario supera los recursos anuales destinados a combatir esta problemática, los recortes presupuestarios han cerrado refugios y clínicas, aumentando la vulnerabilidad de las víctimas. En 2024, se reportaron más de 4600 casos verificados, un aumento del 25% respecto al año anterior, con un alarmante incremento del 35% en la violencia contra niños. La representante especial enfatiza la necesidad de financiar adecuadamente las instituciones que protegen y apoyan a los sobrevivientes para evitar que los perpetradores queden impunes.
La representante especial sobre la violencia sexual en los conflictos, Pramila Patten, presentó este martes un informe anual al Consejo de Seguridad, en el que enfatiza la necesidad urgente de respaldar a los sobrevivientes en zonas de conflicto donde los servicios se vuelven cada vez más inaccesibles. Este llamado se produce en un contexto alarmante: en 2024, se registraron más de 4600 casos de violencia sexual, lo que representa un incremento del 25% respecto al año anterior.
Patten destacó que estas cifras son solo una fracción de la realidad, ya que reflejan únicamente los casos verificados por la ONU. La situación es especialmente grave para los niños, con un aumento del 35% en los casos reportados, incluyendo víctimas tan jóvenes como de un año. El informe se centra en 21 situaciones críticas, siendo las más preocupantes las de República Centroafricana, República Democrática del Congo, Haití, Somalia y Sudán del Sur.
El documento revela patrones inquietantes que están en aumento. Entre ellos:
Patten advirtió que el gasto militar global diario supera con creces el presupuesto anual destinado a combatir esta problemática. Los recortes han llevado al cierre de refugios y agotamiento de suministros médicos y clínicas, obligando a las organizaciones a "hacer más con menos", particularmente en regiones como Sudán, Ucrania, Etiopía y Gaza.
“Si realmente nos tomamos en serio la paz, debemos financiar a las instituciones que la hacen posible”, afirmó Patten, quien también exigió justicia para los autores de estos crímenes.
En su intervención, recordó que su Oficina tiene tres objetivos principales: promover el cumplimiento de normas internacionales, mejorar la prestación de servicios y fortalecer las salvaguardias contra la impunidad. Además, preside una red interagencial conocida como UN in Action (la ONU en acción), que ha sido fundamental para llegar a miles de sobrevivientes en 18 zonas conflictivas.
Patten concluyó advirtiendo que cualquier retroceso en la inversión o el cumplimiento normativo no solo traicionaría a los sobrevivientes sino que también alentaría aún más a los perpetradores.
Es fundamental no recortar los recursos destinados a frenar la violencia sexual en los conflictos, ya que estos recortes traicionan a las víctimas y fortalecen a los criminales. La falta de apoyo puede cerrar refugios y clínicas, haciendo que los servicios sean cada vez más inaccesibles para quienes los necesitan.
En 2024, se reportaron más de 4600 casos de violencia sexual en conflictos, lo que representa un aumento del 25% respecto a 2023. Además, la violencia contra niños ha aumentado un 35%, con víctimas de hasta un año de edad.
El informe destaca varias tendencias preocupantes, incluyendo el aumento de riesgos para mujeres y niñas refugiadas, el incremento de la inseguridad alimentaria que aumenta la vulnerabilidad, y el uso de la violencia sexual por grupos armados para controlar territorios y reclutar combatientes.
Los recortes presupuestarios han llevado al cierre de refugios y agotamiento de suministros médicos y clínicas, obligando a las organizaciones a operar con menos recursos. Esto afecta gravemente su capacidad para ayudar a los sobrevivientes en lugares como Sudán, Ucrania, Etiopía y Gaza.
Patten propone promover el cumplimiento de normas, mejorar la prestación de servicios y fortalecer las salvaguardias contra la impunidad. También enfatiza la necesidad de financiar adecuadamente las instituciones que trabajan por la paz y llevar ante la justicia a los perpetradores de estos crímenes.