La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha solicitado al Ministerio de Derechos Sociales la creación de un plan integral para abordar el envejecimiento poblacional y la implementación de una Ley de Derechos de las Personas Mayores. Esta petición se realizó durante una reunión en la que participaron representantes del ministerio y de la PMP, quienes destacaron la importancia de adaptar las políticas a las necesidades reales de este grupo social. La PMP también apoyó reformas en leyes relacionadas con la autonomía personal y los derechos de las personas con discapacidad, subrayando la urgencia de aprobar normativas que garanticen un trato digno y accesible para los mayores. Además, hicieron un llamado a priorizar las necesidades de las personas mayores en áreas rurales y a fomentar su participación en decisiones institucionales.
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha hecho un llamado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para que se impulse un plan integral de políticas que aborde el envejecimiento de la población. Esta solicitud se realizó durante una reunión en la sede del ministerio, donde se discutió la necesidad de proteger los derechos de las personas mayores y con discapacidad.
En la reunión, el ministro Pablo Bustinduy y la directora general del IMSERSO, Mayte Sancho, recibieron a una delegación de la PMP encabezada por su presidente, Jesús Norberto Fernández. También participaron las vicepresidentas Inmaculada Ruiz y Manuela Carrión, así como otros miembros destacados de la organización.
La PMP enfatizó la importancia de desarrollar una Ley de Derechos de las Personas Mayores que responda a las necesidades específicas de este grupo social. La plataforma considera que esta normativa debe ser un componente clave en la Agenda 2030 y en las políticas públicas actuales.
Además, respaldó las reformas en curso relacionadas con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (LAPAD) y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Según la PMP, estas modificaciones son fundamentales para avanzar hacia un sistema más justo e inclusivo que reconozca derechos esenciales y reduzca barreras burocráticas.
Tanto el ministro Bustinduy como los representantes de la PMP coincidieron en que estas reformas son cruciales para enfrentar el aumento del número de personas mayores en situación de dependencia y discapacidad. Se destacó también la necesidad urgente de aprobar el Reglamento de Accesibilidad Cognitiva y avanzar en la tramitación parlamentaria de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela.
Estas normativas son vistas como esenciales para asegurar un trato digno y accesible para las personas mayores en su interacción con servicios básicos.
La PMP reiteró su disposición a colaborar con el Gobierno en los preparativos para una futura Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores. Asimismo, solicitó un papel activo para España en foros internacionales como Naciones Unidas y la Unión Europea, subrayando la importancia de incluir a organizaciones civiles en estos procesos.
Durante el encuentro, también se abordaron las necesidades específicas de las personas mayores que residen en zonas rurales, donde el acceso a servicios públicos es limitado. La PMP advirtió que estas circunstancias aumentan su vulnerabilidad social.
Por último, se destacó la necesidad de fortalecer la presencia del movimiento asociativo de personas mayores en los órganos institucionales. La PMP instó a integrar transversalmente una perspectiva centrada en esta población dentro todas las políticas públicas, incluidas aquellas relacionadas con emergencias climáticas, considerando su especial vulnerabilidad ante fenómenos extremos.
La PMP ha solicitado la definición e impulso de un plan integral de políticas ante el reto del envejecimiento, así como el desarrollo de una Ley de Derechos de las Personas Mayores.
Es importante porque busca defender y proteger los derechos de las personas mayores y con discapacidad, adaptando la normativa a sus necesidades reales y colocándolas en el centro de la Agenda 2030.
Participaron el ministro Pablo Bustinduy, la directora general del IMSERSO, Mayte Sancho, y una delegación de la PMP encabezada por su presidente, Jesús Norberto Fernández, junto con otros miembros destacados.
La PMP ha respaldado las reformas en curso de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (LAPAD) y de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad.
La PMP ha señalado la urgencia de aprobar el Reglamento de Accesibilidad Cognitiva y culminar la tramitación parlamentaria de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela para garantizar un trato digno a las personas mayores.
Ha hecho un llamamiento para atender prioritariamente las necesidades de las personas mayores que viven en contextos rurales, donde enfrentan dificultades para acceder a servicios públicos y recursos.
La PMP reclama un papel activo de España en Naciones Unidas y en la Unión Europea para impulsar la futura Convención Internacional de Derechos de las Personas Mayores.