El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha aprobado la distribución de 68 millones de euros para ampliar la atención bucodental en 2025. Esta inversión se destinará a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, con el objetivo de fortalecer los servicios públicos de salud bucodental. La iniciativa incluye un enfoque preventivo, priorizando grupos vulnerables como niños, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Por primera vez, se incorporará la atención específica para mayores de 65 años, reservando un 10% del fondo para este colectivo. Las comunidades podrán utilizar los fondos para contratar personal y mejorar infraestructuras, con un control estricto sobre el uso de los recursos. Esta medida refuerza el compromiso del Gobierno con la equidad en el acceso a la salud bucodental y responde a criterios de justicia sanitaria alineados con las estrategias globales de salud.
El Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha dado luz verde a la distribución de 68.058.000 euros entre las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Esta inversión está destinada a fortalecer la cartera común de servicios de salud bucodental en el año 2025.
La asignación económica se inscribe dentro de una estrategia más amplia para reforzar los servicios públicos de salud bucodental, continuando así con las acciones iniciadas tras la aprobación, en diciembre de 2021, de la ampliación de esta cartera en el ámbito sanitario. Desde ese momento, se han destinado más de 180 millones de euros para su implementación gradual.
El plan para ampliar estos servicios tiene un claro enfoque preventivo, priorizando a grupos poblacionales que presentan mayor vulnerabilidad. Hasta ahora, los colectivos beneficiados incluían a la población infantil de 0 a 14 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad igual o superior al 33%, y aquellos diagnosticados con cáncer en el área cervicofacial.
Para el ejercicio 2025, se incorpora por primera vez la atención específica a las personas mayores de 65 años, un grupo que hasta ahora contaba con escasa cobertura pública y que presenta una alta prevalencia de enfermedades periodontales asociadas a condiciones crónicas. De este modo, se destinará un 10% del total del fondo a este colectivo.
El restante 90% del presupuesto se utilizará para consolidar la atención a los grupos ya priorizados. La distribución de estos fondos se basará en datos demográficos actualizados proporcionados por el INE, así como en incidencias clínicas y prevalencia de discapacidad.
Las comunidades autónomas tendrán la posibilidad de utilizar estos recursos para contratar personal, adquirir equipamiento, mejorar infraestructuras y cubrir otros gastos necesarios para implementar los servicios. Es importante señalar que estas medidas deberán ejecutarse dentro de un plazo máximo de tres años desde la transferencia efectiva de los fondos, con un control riguroso sobre los compromisos de gasto; la primera fase deberá completarse antes del 31 de diciembre de 2025.
A través de esta iniciativa, el Gobierno español reafirma su compromiso con la equidad en el acceso a la salud bucodental, un elemento fundamental del bienestar general y un derecho sanitario básico. La inclusión del colectivo mayor responde a principios de justicia sanitaria y envejecimiento activo, alineándose con la Estrategia Global sobre Salud Bucodental promovida por la OMS y los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 68.058.000 euros | Inversión total aprobada para 2025 |
| 180 millones de euros | Total destinado desde diciembre de 2021 para la implementación progresiva de servicios bucodentales |
| 10% | Porcentaje del fondo reservado para atención a personas mayores de 65 años |
| 90% | Porcentaje del fondo destinado a consolidar la atención a colectivos priorizados |
El Consejo Interterritorial ha aprobado la distribución de 68.058.000 euros para ampliar la atención bucodental en 2025.
Los fondos se distribuirán entre las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).
El plan tiene un enfoque preventivo, priorizando grupos poblacionales con mayor vulnerabilidad, como niños, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.
Para 2025, se incorpora por primera vez la atención específica a las personas mayores de 65 años, quienes tienen alta prevalencia de enfermedades periodontales.
Las comunidades autónomas podrán usar los fondos para contratar personal, adquirir equipamiento, mejorar infraestructuras y otros gastos necesarios para implementar los servicios.
Las medidas deben ejecutarse en un plazo máximo de tres años desde la transferencia efectiva de los fondos, con un control estricto del gasto.
El Gobierno refuerza su compromiso con la equidad en el acceso a la salud bucodental y responde a criterios de justicia sanitaria y envejecimiento activo.