El problema radica en un error en el sistema informático responsable de alertar a las pacientes cuando las pruebas iniciales detectan anomalías. Muchas mujeres, tras pasar por el cribado, no recibieron llamadas ni comunicaciones para realizar pruebas complementarias, como ecografías o biopsias. Algunas solo se enteraron de su situación al notar síntomas avanzados, como bultos en el pecho.
Aunque los fallos se remontan al menos a 2012, durante el gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía, el escándalo ha explotado en los últimos meses bajo la gestión del PP de Juan Manuel Moreno Bonilla. Las primeras denuncias datan de febrero de 2024, pero la Consejería de Salud, liderada por Catalina García, no actuó de manera decisiva hasta octubre de 2025. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha exigido por carta a la Junta "máxima transparencia" y datos detallados sobre el caos en el cribado.
Asociaciones como Amama, de mujeres con cáncer de mama, han denunciado al menos 50 casos documentados y aseguran que "varias mujeres han muerto" por estos retrasos. "Es una absoluta negligencia", ha afirmado la asociación, que estudia una demanda colectiva contra la administración.
En un movimiento clave, la Fiscalía Superior de Andalucía abrió ayer diligencias de investigación por posibles negligencias en los diagnósticos de cáncer de mama. Esta actuación se produce tras denuncias presentadas por IU y Adelante Andalucía, que han llevado el caso directamente al Ministerio Público. "No es un error, es un plan del PP de Moreno para desmantelar la sanidad pública", ha denunciado José Ignacio, de Adelante, vinculando el escándalo al aumento de seguros privados en la región.
Paralelamente, el Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una investigación propia para esclarecer las responsabilidades. La Junta, por su parte, ha respondido ofreciendo cribados de segunda opinión gratuitos a las afectadas que no estén seguras de su situación clínica. Sin embargo, las críticas no cesan.
La oposición ha aprovechado el escándalo para atacar al Gobierno andaluz. El PSOE, que gobernó durante décadas, recuerda que los fallos iniciales ocurrieron bajo su mandato, pero acusa al PP de agravar la situación con recortes y falta de sensibilidad.
En redes sociales, el debate arde. Usuarios y activistas como @Anhgi_ y @EspacioAndaluz denuncian que el caso forma parte de una "estrategia" para privatizar la sanidad, con campañas como "2.000 mujeres" que visibilizan el impacto humano. "Votar al PP mata", tuitea @MariaLoMa_33, sumando este escándalo a otros como la gestión de la DANA en Valencia o las residencias en Madrid.
La campaña de cribado, que debería salvar vidas mediante la detección precoz, se ha convertido en un símbolo de las grietas en el sistema sanitario andaluz. Mientras las investigaciones avanzan, miles de mujeres esperan respuestas y justicia. La incertidumbre se extiende no solo a las afectadas, sino a otros pacientes oncológicos que se preguntan si su caso podría haber sido similar.
Este escándalo pone en jaque la credibilidad de la sanidad pública en Andalucía y exige una reforma urgente. ¿Serán suficientes las medidas anunciadas, o requerirá el caso cambios estructurales? Solo el tiempo, y las diligencias en curso, lo dirán.