El Ministerio de Sanidad de España ha presentado un informe sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el sistema público de salud, que abarca el periodo 2015-2024. En 2024, el 21,2% de las IVE se realizaron en centros públicos, lo que representa un aumento significativo respecto al 14,3% en 2019. A pesar de este crecimiento, persisten desigualdades territoriales en el acceso a esta prestación. Las comunidades autónomas como Cantabria y Galicia destacan por tener más del 60% de IVE en centros públicos, mientras que Andalucía y Madrid presentan cifras muy bajas. El informe también destaca la importancia de normalizar la IVE como parte del Sistema Nacional de Salud y propone medidas para mejorar su accesibilidad, incluyendo la formación del personal sanitario y la promoción del método farmacológico.
El Ministerio de Sanidad ha dado a conocer su informe sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) correspondiente al periodo 2015-2024. Este documento analiza la evolución y el estado actual de esta prestación en el sistema público de salud español. Según los datos presentados, se observa un aumento constante en el número de abortos realizados en centros públicos, aunque persisten significativas desigualdades territoriales.
En 2024, se registraron un total de 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo en España. De estas, 22.563 (21,25%) se llevaron a cabo en centros públicos, mientras que 83.609 (78,75%) se realizaron en centros privados. Esta cifra representa un incremento notable de casi siete puntos porcentuales respecto al 14,3% registrado en 2019, lo que equivale a un aumento relativo del 50% en la participación de la red pública en este tipo de atención.
El informe clasifica las comunidades autónomas en tres grupos según el porcentaje de IVE realizadas en centros públicos durante 2024:
Diferencias según semanas de gestación
El informe también detalla los datos desglosados por semanas de gestación y tipo de centro sanitario:
Semanas de gestación | Total IVE | IVE en centros públicos | IVE en centros privados | % en centros públicos |
---|---|---|---|---|
Total general | 106.172 | 22.563 | 83.609 | 21,25% |
8 o menos | 81.314 | 19.208 | 62.106 | 23,62% |
9 – 14 | 20.329 | 2.386 | 17.943 | 11,74% |
15 – 22 | 4.368 | 867 | 3.501 | 19,85% |
23 o más | 161 | 102 | 59 | 63,35% |
Dichos datos indican que las IVE realizadas durante etapas más avanzadas del embarazo tienen una mayor concentración en los centros públicos, evidenciando su capacidad para manejar casos clínicos complejos y garantizar una atención continua.
Centrando la atención en los métodos empleados para llevar a cabo las IVE según el tipo de centro sanitario, el método farmacológico predominó especialmente en aquellas comunidades con una mayor proporción de IVE realizadas en instituciones públicas como Cantabria (86,4%), Navarra (76,5%), La Rioja (68,2%) y Galicia (68,1%). Este hecho ha facilitado su implementación dentro del sistema público debido a su menor complejidad logística.
A la inversa ocurre en regiones donde la prestación recae principalmente sobre centros privados; es el caso de Andalucía y Madrid donde el método quirúrgico es utilizado hasta en un sorprendente 94%. Esta divergencia pone de manifiesto cómo el modelo asistencial no solo afecta al acceso a la prestación sino también al tipo de procedimientos disponibles para las mujeres.
Diversas implicaciones sanitarias surgen ante esta situación: mantener la interrupción voluntaria del embarazo fuera del ámbito público implica una doble privatización que refuerza estigmas e invisibiliza esta prestación esencial.
A fin de abordar estas preocupaciones y mejorar el acceso a la IVE dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS), el informe propone varias medidas clave. Entre ellas se incluye la actualización y mantenimiento riguroso de los registros de objetores de conciencia a nivel nacional y asegurar que existan equipos no objetores disponibles a todos los niveles asistenciales.
También se destaca la necesidad urgente de normalizar la IVE como parte integral del SNS mediante protocolos homogéneos y formación específica para los profesionales involucrados. Se enfatiza además fomentar el uso del método farmacológico debido a su eficacia comprobada y facilidad operativa.
A través del establecimiento de mecanismos comunes para seguimiento y evaluación entre comunidades autónomas así como capacitación continua para el personal sanitario desde una perspectiva centrada en derechos humanos y género se busca garantizar una respuesta equitativa ante situaciones relacionadas con salud sexual y reproductiva.
Descripción | Cifra |
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Total de IVE en 2024 | 106.172 |
IVE en centros públicos (2024) | 22.563 (21,25%) |
IVE en centros privados (2024) | 83.609 (78,75%) |
Aumento porcentual de IVE en centros públicos desde 2019 | Casi 7 puntos (incremento relativo del 50%) |
IVE farmacológicas en Cantabria (%) | 86,4% |
En 2024, el 21,2% de las IVE se realizaron en centros públicos, mientras que el 78,8% se llevaron a cabo en centros privados.
La proporción de IVE realizadas en centros públicos ha aumentado casi 7 puntos desde el 14,3% registrado en 2019, lo que representa un incremento relativo del 50% en la presencia de la red pública para esta prestación.
Cantabria (88,5%), Galicia (77%), La Rioja (76,1%) y Navarra (74,8%) son las comunidades autónomas donde más del 60% de las IVE se realizaron en centros públicos.
Mantener la IVE fuera de la sanidad pública puede llevar a una doble privatización, reforzar el estigma asociado al aborto y limitar la libertad de elección de las mujeres. Esto también puede fragmentar su atención sanitaria y afectar especialmente a los casos clínicos más sensibles.
Entre las medidas propuestas se incluye la actualización de los registros de objetores de conciencia, asegurar equipos no objetores en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud y fomentar el uso del método farmacológico por su eficacia y facilidad de implantación.