El Gobierno de España ha aprobado una declaración institucional en el Consejo de Ministros para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, destacando la importancia de la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad. La declaración subraya la necesidad de implementar los mandatos del artículo 49 de la Constitución, buscando un consenso social similar al que respaldó la reforma constitucional en 2024. Se propone mejorar los servicios y apoyos para garantizar una vida autónoma a las personas con discapacidad, eliminando incompatibilidades entre prestaciones y promoviendo un modelo más personalizado y accesible. Además, se reconoce la accesibilidad universal como un derecho fundamental y se establecen medidas para asegurar el acceso a la vivienda y a la justicia para este colectivo.
El Consejo de Ministros ha dado un paso significativo este martes al aprobar una declaración institucional en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el 3 de diciembre. Esta declaración tiene como objetivo impulsar los compromisos establecidos en la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad.
En su contenido, se enfatiza la necesidad de implementar los mandatos del artículo 49 de la Constitución en las normativas ordinarias relacionadas con la discapacidad y la dependencia. La reforma constitucional, que cuenta con un amplio respaldo político, ha sido calificada como “un éxito de país”, gracias al impulso de organizaciones representativas del sector, como el CERMI.
La declaración, promovida por el Ministerio de Derechos Sociales, ha sido elaborada en colaboración con otros ministerios, incluyendo Asuntos Exteriores, Justicia e Igualdad. En este contexto, el Gobierno reafirma su compromiso a “materializar plenamente el derecho de las personas con discapacidad a una vida autónoma” mediante la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, actualmente en tramitación en el Congreso.
El texto subraya la importancia del consenso social para avanzar en la aprobación de estas reformas, similar al apoyo recibido durante la modificación del artículo 49. Se señala que es esencial incorporar estos principios en las leyes ordinarias para garantizar que sean transformadores y aplicables a una vida digna para las personas con discapacidad y sus familias.
La reforma del artículo 49 representa un hito respaldado por el CERMI y otras organizaciones que han jugado un papel crucial en la promoción de cambios legislativos en este ámbito. La declaración también incluye compromisos concretos para mejorar los servicios relacionados con los cuidados y apoyos en vivienda, así como actualizar el catálogo de servicios disponibles.
Entre las medidas propuestas se encuentra el fortalecimiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), lo que permitirá a las personas con discapacidad acceder a apoyos más diversificados que aseguren su derecho a una vida independiente. Esto también implica eliminar incompatibilidades entre servicios y prestaciones para personalizar mejor la atención según las necesidades individuales.
Además, esta reforma responde al mandato constitucional atendiendo especialmente a las necesidades de mujeres y niños con discapacidad. Las nuevas disposiciones buscan transformar el modelo asistencialista hacia uno más adaptado a las preferencias personales, promoviendo así un cambio significativo en cómo se gestionan los cuidados.
La declaración también establece la accesibilidad universal como un derecho fundamental y una obligación para todos los poderes públicos. Se mencionan obligaciones legales específicas dentro del Proyecto de Ley que buscan garantizar el acceso a viviendas adecuadas para personas con discapacidad mediante medidas como ascensores o rampas en comunidades de propietarios.
Asimismo, se abren vías para mejorar el acceso a la justicia para estas personas y se plantean acciones destinadas a eliminar brechas relacionadas con género y capacidades que afectan su derecho a la igualdad. Se pone especial énfasis en erradicar cualquier forma de violencia hacia este colectivo.
El propósito de la declaración institucional es impulsar los compromisos recogidos en la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Se busca materializar plenamente el derecho de las personas con discapacidad a una vida autónoma, eliminar incompatibilidades entre servicios y prestaciones, y garantizar una mayor personalización en la atención a cada persona.
La reforma incluye medidas como impulsar nuevos servicios para cuidados y apoyos en la vivienda, actualizar el catálogo de servicios y prestaciones, y reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
La reforma responde al mandato del artículo 49 de la Constitución, buscando positivizar su contenido en las leyes ordinarias y atender particularmente a las necesidades de las mujeres y la infancia con discapacidad.
Las organizaciones representativas, como el CERMI, han ejercido un papel fundamental en el impulso de la reforma, respaldando tanto la modificación del artículo 49 como los cambios propuestos en las leyes de dependencia y discapacidad.
Se reconoce la accesibilidad universal como un derecho y obligación de todos los poderes públicos, así como el derecho a la vivienda para las personas con discapacidad mediante medidas específicas que faciliten su acceso.