La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, afirmó en el VII Examen del Comité de Derechos del Niño que España ha realizado avances significativos en la garantía de los derechos de la infancia. Destacó la importancia de una intervención pública clara para proteger a los menores en el entorno digital y mencionó la tramitación de una nueva ley que establece obligaciones para los proveedores de servicios digitales. Rego también resaltó la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia, que asegura el derecho a ser escuchados sin límite de edad, fortaleciendo así la protección y atención a las víctimas.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha afirmado en su primera intervención durante el VII Examen del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas que “España ha avanzado de manera significativa en la garantía de los derechos de la infancia”. En este contexto, enfatizó que asegurar estos derechos es una obligación del Estado, no una mera opción política.
Rego subrayó la importancia de proteger a los menores también en el ámbito digital. En este sentido, destacó que España está trabajando en la Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en entornos digitales, actualmente en tramitación parlamentaria. Esta normativa tiene como objetivo establecer obligaciones claras para los proveedores de servicios digitales y reforzar los sistemas de verificación de edad.
La ministra explicó que la ley busca prevenir el acceso a contenidos inadecuados y regular los diseños y dinámicas que pueden favorecer situaciones perjudiciales como la adicción o la captación. “El objetivo es desplazar la carga de la protección desde las familias hacia aquellos que diseñan y gestionan los entornos digitales”, declaró Rego, insistiendo en que esta responsabilidad no puede recaer únicamente en la autorregulación o en las capacidades individuales.
Derecho a ser escuchados
Rego también hizo hincapié en la aprobación en 2021 de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), un instrumento integral para combatir todas las formas de violencia contra los menores. Además, resaltó cómo esta ley ha sido ampliada para incluir una atención especial a la detección temprana y al acompañamiento integral de las víctimas.
Un aspecto destacado por Rego es la eliminación del límite de edad de 12 años para el ejercicio del derecho a ser escuchados, lo que garantiza que todos los niños y niñas puedan expresar sus opiniones en los procedimientos que les afectan.
El examen ante el Comité continuará durante la tarde y se llevará a cabo una segunda sesión al día siguiente. Durante estas sesiones, la delegación española, liderada por Rego y compuesta por representantes de diversos ministerios, responderá a las preguntas planteadas por el Comité, que posteriormente elaborará un informe con sus conclusiones.
Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, aseguró que “España ha avanzado de manera significativa en la garantía de los derechos de la infancia” durante su intervención en el VII Examen del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Rego destacó la necesidad de proteger a la infancia en el entorno digital y mencionó que España está impulsando una Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en estos entornos, con el objetivo de establecer obligaciones claras para los prestadores de servicios digitales.
La nueva ley establece obligaciones para los prestadores de servicios digitales, refuerza los sistemas de verificación de edad, previene el acceso a contenidos inadecuados y busca desplazar la carga de protección desde las familias hacia quienes diseñan y gestionan los entornos digitales.
Se amplió la LOPIVI para incluir atención especial a la detección temprana, el acompañamiento integral a las víctimas y garantizar el derecho a ser escuchados sin límite de edad, eliminando así el límite anterior que restringía este derecho a niños mayores de 12 años.
El examen continuará con sesiones adicionales donde la delegación española responderá a las preguntas planteadas por el Comité, que luego elaborará un informe con sus conclusiones.