El Consejo de Ministros ha aprobado una inversión de 200 millones de euros para combatir la pobreza infantil y proteger a las familias vulnerables en España. Esta iniciativa, promovida por el ministerio de Derechos Sociales, destinará 198,7 millones a gobiernos autonómicos para financiar programas de acción social que cubran necesidades básicas como alimentación, educación y servicios esenciales. Los fondos se dividen en tres programas clave: uno enfocado en intervenciones sociales para familias con menores en riesgo, otro para prevenir la violencia hacia la infancia y un tercero que asegura el acceso a prestaciones básicas de servicios sociales. Además, se ha aprobado una declaración institucional por el 20 aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una importante propuesta presentada por Pablo Bustinduy, que contempla la transferencia de 198,7 millones de euros a los gobiernos autonómicos. Este fondo está destinado a financiar programas de acción social y a satisfacer las necesidades básicas de las familias más vulnerables.
Con esta significativa inversión, el ministerio de Derechos Sociales reafirma su compromiso con unos servicios sociales que sean públicos, accesibles y de calidad, capaces de ofrecer respuestas efectivas ante situaciones críticas.
La movilización de estos recursos se enmarca dentro del esfuerzo del Gobierno por reforzar la protección de las familias en situación de vulnerabilidad y combatir la pobreza infantil. La distribución del presupuesto se destinará a programas que beneficiarán tanto a nivel autonómico como local, enfocándose en aquellas familias que enfrentan necesidades específicas, incluyendo familias monomarentales y numerosas, así como aquellas que residen en áreas rurales.
La inversión se organiza en tres programas principales. El primero, con un presupuesto de 65 millones de euros, financiará proyectos destinados a intervenir socialmente y proporcionar prestaciones a familias con menores en riesgo de pobreza y exclusión social. Estos fondos podrán utilizarse para cubrir necesidades esenciales como higiene, alimentación o vestimenta, además de apoyar aspectos educativos como material escolar o ayudas para comedores.
Este primer programa también incluye el programa VECA, diseñado para garantizar derechos fundamentales como la alimentación, el ocio y la cultura durante las vacaciones escolares, facilitando así la conciliación entre la vida familiar y laboral durante periodos no lectivos.
El segundo programa contará con 25 millones de euros destinados al fortalecimiento de los equipos de servicios sociales. Su objetivo es prevenir y detectar riesgos relacionados con la violencia hacia la infancia. Se priorizarán perfiles profesionales en trabajo social, educación social, psicología y atención familiar, promoviendo una coordinación efectiva con centros educativos y sanitarios, conforme a la Ley Orgánica 8/2021 sobre protección integral a la infancia frente a la violencia (LOPIVI).
Por último, el plan de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales recibirá más de 108 millones de euros. Este fondo garantizará el acceso a prestaciones clave como orientación social, ayuda al domicilio y alojamiento alternativo. También respaldará el funcionamiento de albergues y centros de acogida que son esenciales para atender a personas en situaciones críticas.
Además, el Consejo ha aprobado una declaración institucional por el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta celebración marca su vigésimo aniversario desde su adopción el 3 de mayo.
Dicha declaración destaca los avances logrados en España en términos de igualdad e inclusión. Se subrayan medidas relacionadas con no discriminación, derechos infantiles y educativos, así como el acceso universal a justicia. El Gobierno reitera su compromiso hacia una participación plena en todos los ámbitos sociales para las personas con discapacidad.
Adicionalmente, se ha propuesto un Real Decreto que regula cómo se distribuirá la recaudación del impuesto sobre actividades relacionadas con apuestas deportivas. En este marco, se establece que la liga profesional femenina será beneficiaria directa del 15% del total recaudado, lo cual refuerza el papel del deporte femenino dentro del sistema deportivo español y promueve una mayor equidad financiera.
| Descripción | Cantidad (euros) |
|---|---|
| Total movilizado por el ministerio | 200,000,000 |
| Transferencia a gobiernos autonómicos | 198,704,000 |
| Financiación para proyectos de intervención social | 65,000,000 |
| Refuerzo de equipos de servicios sociales | 25,000,000 |
| Plan de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales | 108,000,000 |
El Ministerio de Derechos Sociales moviliza 200 millones de euros (198,7 millones) para financiar programas de acción social destinados a las familias más vulnerables.
Los fondos se transferirán a los gobiernos autonómicos, que son las administraciones competentes en materia de servicios sociales, para financiar diferentes programas tanto a nivel autonómico como local.
Se financiarán tres grandes programas: uno para proyectos de intervención social y prestaciones para familias con menores en riesgo, otro para reforzar equipos de servicios sociales en la prevención y detección de violencia hacia la infancia, y un tercero para asegurar el acceso a prestaciones clave en servicios sociales.
El primer programa, dotado con 65 millones de euros, incluye cubrir necesidades básicas como higiene, alimentación o ropa, así como recursos para educación y el programa VECA que garantiza derechos básicos durante vacaciones escolares.
El segundo programa, con 25 millones de euros, se enfocará en prevenir y detectar riesgos de violencia hacia la infancia mediante el refuerzo de equipos profesionales del trabajo social y coordinación con centros educativos y sanitarios.
Este plan, dotado con más de 108 millones de euros, asegurará el acceso a prestaciones clave como orientación social, ayuda al domicilio y apoyo a albergues y centros de acogida.
Además del plan financiero, se aprobó una declaración institucional por el vigésimo aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Se aprobó un Real Decreto que establece que la liga profesional de fútbol femenino será beneficiaria directa del 15% de la recaudación del impuesto sobre actividades relacionadas con apuestas deportivas.