HelpAge International España ha expresado su preocupación por un nuevo intento de desahucio que afecta a Maricarmen, una mujer de 87 años en situación de vulnerabilidad. Este caso se suma a otros similares y resalta la necesidad de garantizar el derecho a una vivienda digna, reconocido en la Constitución española y en normas internacionales. La organización advierte que los desahucios no deben considerarse solo conflictos económicos, ya que implican violaciones de derechos fundamentales. Además, subraya las graves consecuencias que la pérdida de vivienda puede tener en la salud y bienestar de las personas mayores, especialmente mujeres con pensiones insuficientes. HelpAge reclama la paralización del desahucio y políticas públicas que protejan el derecho a permanecer en entornos comunitarios.
HelpAge International España ha manifestado su seria preocupación ante un nuevo intento de desahucio que afecta a Maricarmen, una mujer de 87 años en situación de vulnerabilidad residencial. Este caso se suma a otros similares, como el de Mariano Ordaz, de 67 años, quien también ha enfrentado circunstancias críticas. La organización enfatiza que el acceso y la permanencia en una vivienda digna son derechos humanos fundamentales y esenciales para garantizar una vida segura, autónoma y con dignidad durante la vejez.
Desde HelpAge advierten que los desahucios que impactan a personas mayores no deben ser considerados meramente como conflictos administrativos o económicos. Estos casos implican una posible violación de derechos fundamentales reconocidos tanto por la legislación española como por los estándares internacionales de derechos humanos.
El derecho a disfrutar de una vivienda adecuada está consagrado en la Constitución española, que impone a los poderes públicos la responsabilidad de crear las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y prevenir la especulación. Además, el artículo 20 de la Ley 15/2022, que aborda la igualdad de trato y no discriminación, obliga a las administraciones públicas a implementar políticas de vivienda que eviten cualquier forma de exclusión residencial y consideren especialmente las necesidades de las personas más vulnerables. Esta ley también establece claramente la obligación de promover políticas que aseguren la autonomía y vida independiente de las personas mayores.
El Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores (SEAM) de HelpAge International España destaca las graves repercusiones que puede tener la pérdida del hogar en la vejez. Entre estas consecuencias se incluyen el deterioro físico y emocional, el quiebre de redes sociales, el aumento de la soledad no deseada y la pérdida del sentido de pertenencia comunitaria. La organización sostiene que la exclusión residencial en esta etapa vital representa una violación multidimensional de derechos, estrechamente relacionada con situaciones de pobreza, fragilidad social y disminución en la participación comunitaria.
Asimismo, se alerta sobre cómo estas situaciones afectan desproporcionadamente a las mujeres mayores, muchas de las cuales cuentan con pensiones insuficientes y han vivido trayectorias marcadas por desigualdades económicas y responsabilidades acumuladas a lo largo del tiempo.
La vivienda no es solo un espacio físico; es el lugar donde las personas mayores llevan a cabo su vida diaria, mantienen relaciones sociales y ejercen su autonomía. Por ello, es fundamental que las políticas públicas se orienten hacia garantizar un envejecimiento digno en sus comunidades habituales.
En respuesta a esta problemática, HelpAge International España recomienda:
HelpAge International España expresa su profunda preocupación ante el posible nuevo intento de desahucio que afecta a Maricarmen, una persona mayor de 87 años en situación de vulnerabilidad residencial.
Los desahucios que afectan a personas mayores implican una posible vulneración de derechos fundamentales, como el derecho a una vivienda digna y adecuada, reconocido en la Constitución española y en estándares internacionales de derechos humanos.
La pérdida de vivienda puede provocar deterioro de la salud física y emocional, ruptura de redes de apoyo, aumento de la soledad no deseada y pérdida de arraigo comunitario.
Las mujeres mayores son especialmente afectadas por los desahucios debido a pensiones insuficientes y trayectorias marcadas por desigualdades económicas y de cuidados acumuladas a lo largo de la vida.
La organización recomienda la paralización inmediata del desahucio, garantizar alternativas habitacionales adecuadas, aplicar un enfoque de derechos humanos en políticas públicas, prevenir la exclusión residencial y proteger el derecho de las personas mayores a permanecer en sus entornos comunitarios.