La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha solicitado un compromiso político para la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores antes de 2030. En una jornada celebrada en el Congreso, se destacó la necesidad de que España adopte un papel activo en este proceso internacional y se desarrollen medidas internas, como una Ley Integral de Derechos para mayores. Los participantes enfatizaron que la Convención puede ser clave para combatir el edadismo y garantizar derechos fundamentales, promoviendo una sociedad más justa e igualitaria. A pesar de un contexto internacional complejo, España reafirmó su compromiso con el desarrollo de esta Convención, buscando transformar políticas y legislación en favor de la dignidad y los derechos de las personas mayores.
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha llevado a cabo una jornada en la Sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados, titulada ‘España ante la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores: avances, retos y compromisos’. Este evento reunió a responsables institucionales, representantes del movimiento asociativo, expertos en el ámbito jurídico y portavoces parlamentarios. El objetivo fue centrar la atención en la necesidad de impulsar un nuevo proceso internacional para redactar un instrumento jurídicamente vinculante en Naciones Unidas y la importancia de que España asuma un papel proactivo.
Durante la apertura del evento, el presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández, destacó que el camino hacia la Convención será “complejo” y “largo”. No obstante, hizo un llamado a no postergar los esfuerzos, instando a todos los involucrados a trabajar para que la aprobación del texto no se extienda más allá de 2030.
Fernández también subrayó que España no puede permanecer “con los brazos cruzados” mientras se negocia este tratado crucial. En este sentido, abogó por el desarrollo interno de una Ley Integral de los Derechos de las Personas Mayores para abordar las brechas y discriminaciones que aún persisten en este colectivo.
La directora general del IMSERSO, Mayte Sancho, recordó que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó el 3 de abril de 2025 una resolución para iniciar la redacción de esta Convención. Resaltó que España ha apoyado este proceso “desde sus inicios”, incluso cuando hubo reticencias en Europa.
Sancho afirmó que la Convención podría ser “un instrumento” clave para diseñar una sociedad más igualitaria y justa, garantizando así el derecho a envejecer con salud y dignidad. Además, expresó el deseo de que España sea pionera en el reconocimiento del derecho a un envejecimiento saludable mediante una participación activa en las reuniones intergubernamentales y consultas de Naciones Unidas.
Nena Georgantzi, directora de Derechos Humanos de AGE Platform Europe, ofreció una ponencia donde contextualizó el proceso como un campo emergente en derechos humanos con décadas de reivindicación. Afirmó que, a pesar del principio universal de igualdad, “el disfrute de todos los derechos humanos disminuye con la edad” debido al edadismo, una forma aceptada socialmente de discriminación.
Georgantzi enfatizó que una Convención va más allá de ser un simple texto; transforma valores en obligaciones jurídicas y actúa como un “espejo” para confrontar las discrepancias entre lo proclamado y lo real. También crea herramientas para fomentar la participación y acceso a la justicia, elevando así la conciencia social sobre los derechos humanos.
En cuanto al trabajo futuro, mencionó que tras una reunión organizativa celebrada en Ginebra en febrero, se entra ahora en una fase crucial para definir principios y estructura. Esto requerirá un esfuerzo reforzado a nivel nacional y local para fortalecer las capacidades del movimiento asociativo.
En otro panel sobre el papel del movimiento asociativo, Ángel Yagüe, representante de AGE Platform Europe, vinculó la necesidad urgente de esta Convención con una “transición demográfica sin precedentes”. Hizo hincapié en combatir el edadismo como parte fundamental del potencial transformador del futuro tratado.
Isabel Martínez, presidenta de HelpAge International España, describió la Convención como un “cambio de paradigma” necesario para abordar la longevidad del siglo XXI. Reiteró que no es solo una idea reciente sino una demanda histórica. A pesar del apoyo existente en España hacia esta causa, instó a eliminar normas y conductas obsoletas que obstaculizan los derechos fundamentales.
Gregorio Saravia, delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos, calificó esta Convención como “urgente” ante un contexto internacional complicado. Subrayó también la importancia vital de incluir las perspectivas específicas sobre discapacidad dentro del marco legal propuesto.
A su vez, Joaquín Pérez Gil-Delgado, referente del Programa para Personas Mayores con Discapacidad y Cuidadoras, resaltó que más allá del marco jurídico es esencial empoderar a las personas mayores para luchar por sus derechos. También alertó sobre cómo la brecha digital afecta su acceso efectivo a servicios esenciales.
En otra mesa centrada en el marco jurídico futuro, María José Segarra, fiscal coordinadora especializada en personas con discapacidad y mayores, indicó que el valor añadido sería instrumental al ofrecer mecanismos verificables que ayuden a reducir las diferencias entre derechos reconocidos y su realidad efectiva. Expresó preocupación por casos no denunciados relacionados con abusos y discriminación hacia personas mayores.
María Teresa Verdugo, presidenta de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y No Discriminación, defendió cómo esta Convención podría sistematizar derechos e imponer medidas efectivas contra cualquier tipo de discriminación basada en edad. Destacó además el papel crucial previsto para su autoridad en términos legales y estadísticos.
Ana María Marcos, catedrática de Filosofía del Derecho, enfatizó que reconocer plenamente los derechos implica tratar a las personas mayores con dignidad sin caer en paternalismos. La mirada social debe cambiar hacia un enfoque más inclusivo que valore su experiencia.
Carlos Ramón Fernández, catedrático especializado en Derecho Internacional Público, señaló que estamos ante un momento inicial sin cronograma definido pero con grandes posibilidades transformadoras si se logra aprobar esta Convención. Destacó también los obstáculos potenciales relacionados con falta de consenso entre países europeos.
El director de Derechos Humanos del Ministerio español Eduardo Ramón Merino concluyó reafirmando el compromiso continuo hacia este desarrollo pese al complejo panorama internacional actual. Recordó el deber ineludible hacia tratados internacionales sobre derechos humanos e instó a recuperar valores fundamentales como dignidad e igualdad.
La jornada organizada por PMP ha sido fundamental para consolidar consensos tanto institucionales como sociales respecto a avanzar hacia un marco internacional específico que asegure los derechos fundamentales de las personas mayores frente al desafío global del envejecimiento poblacional.
Es un instrumento jurídico que busca garantizar y proteger los derechos de las personas mayores a nivel internacional, abordando cuestiones como el edadismo y promoviendo una sociedad más igualitaria y justa.
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha instado a que no se procrastine en la aprobación del texto, enfatizando que España debe adoptar un papel activo para asegurar que este proceso no se prolongue más allá de 2030.
España ha apoyado el proceso desde sus inicios y busca desempeñar un papel pionero en el reconocimiento del derecho a un envejecimiento saludable, participando activamente en las reuniones intergubernamentales y consultas de Naciones Unidas.
Entre los desafíos se encuentran la falta de financiación en Naciones Unidas, menor implicación de algunos actores internacionales y reticencias dentro de la Unión Europea.
La Convención transformará valores en obligaciones jurídicas, creando herramientas para la participación y acceso a la justicia, lo que elevará la conciencia social sobre los derechos de las personas mayores y facilitará su denuncia y reclamación.
Se propone el desarrollo de una Ley Integral de los Derechos de las Personas Mayores para abordar las brechas y discriminaciones que afectan a este grupo poblacional.
El objetivo es establecer un marco internacional específico que garantice los derechos de las personas mayores, centrando la dignidad, igualdad y no discriminación en las políticas públicas ante el desafío global del envejecimiento.