La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha instado a la comunidad internacional a acelerar la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores antes de 2030. Durante una jornada celebrada en el Congreso de los Diputados, se discutieron los avances y desafíos del proceso, destacando la necesidad de que España adopte un papel activo en su desarrollo. El presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández, enfatizó que no se debe procrastinar en este asunto crucial para garantizar derechos y dignidad a las personas mayores. La jornada reunió a expertos y representantes institucionales, quienes coincidieron en la urgencia de combatir el edadismo y promover un marco legal que proteja los derechos humanos de este grupo demográfico.
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha llevado a cabo una jornada en la Sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados, titulada ‘España ante la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores: avances, retos y compromisos’. Este evento ha reunido a responsables institucionales, representantes del movimiento asociativo, expertos en el ámbito jurídico y portavoces parlamentarios para discutir el impulso de un nuevo proceso internacional que busque redactar un instrumento jurídicamente vinculante en Naciones Unidas.
Durante la apertura del acto, el presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández, destacó que el camino hacia la Convención será “complejo” y “largo”, pero instó a no retrasar su aprobación más allá de 2030. Fernández enfatizó que España no puede permanecer inactiva mientras se negocia este tratado crucial y abogó por la creación de una Ley Integral de los Derechos de las Personas Mayores para abordar las brechas y discriminaciones existentes.
En su intervención, la directora general del IMSERSO, Mayte Sancho, recordó que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó el 3 de abril de 2025 la resolución que da inicio a la redacción de la Convención. Sancho subrayó que España ha apoyado este proceso desde sus inicios, incluso en momentos difíciles para Europa. Además, consideró que esta Convención puede ser un instrumento clave para construir una sociedad más equitativa que garantice el derecho a envejecer con salud y dignidad.
Sancho también expresó el deseo de España de desempeñar un papel “pionero y líder” en el reconocimiento del derecho al envejecimiento saludable, participando activamente en las reuniones del grupo de trabajo intergubernamental y en las consultas de Naciones Unidas.
A lo largo del evento, Nena Georgantzi, directora de Derechos Humanos de AGE Platform Europe, presentó una ponencia donde contextualizó la elaboración de la convención como un campo emergente dentro de los derechos humanos. Georgantzi advirtió que, aunque existe un principio universal de igualdad, “el disfrute de todos los derechos humanos disminuye con la edad” debido al edadismo, una forma aceptada socialmente de discriminación.
Georgantzi enfatizó que una Convención va más allá de ser un simple texto; transforma valores en obligaciones jurídicas y proporciona herramientas para garantizar participación y acceso a justicia. También mencionó que tras una reunión organizativa celebrada en febrero en Ginebra, se inicia una fase crucial para definir principios y estructura, lo cual requerirá fortalecer capacidades a nivel nacional y local.
En una mesa redonda dedicada al papel de la sociedad civil, Ángel Yagüe, representante de AGE Platform Europe, vincularon la necesidad urgente de esta Convención con una “transición demográfica sin precedentes”. Yagüe hizo hincapié en combatir el edadismo y destacó cómo este tratado podría transformar marcos normativos y empoderar a la población mayor.
Isabel Martínez, presidenta de HelpAge International España, describió la Convención como un “cambio de paradigma” necesario para afrontar los desafíos del siglo XXI. Afirmó que es fundamental remover obstáculos normativos para garantizar que tanto responsables públicos como personas mayores comprendan sus derechos.
En otra mesa sobre el marco jurídico futuro, María José Segarra, fiscal coordinadora para personas con discapacidad y mayores, resaltó que el valor añadido de la Convención radica en sus mecanismos para verificar derechos. Identificó problemas como la infradenuncia y advirtió sobre déficits persistentes en cuidados hacia personas mayores.
María Teresa Verdugo, presidenta de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y No Discriminación, argumentó que esta Convención ayudaría a sistematizar derechos e incluiría indicadores claros para medir avances. Destacó además el compromiso interno con leyes que prohíban cualquier forma específica de discriminación por edad.
Cerrando el evento, Eduardo Ramón Merino de Mena, director de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, reafirmó el compromiso continuo de España con el desarrollo efectivo del tratado ante un panorama internacional complicado. Merino recordó también cómo este esfuerzo se alinea con los principios fundamentales establecidos en la Declaración Universal.
La jornada organizada por PMP ha reforzado así el consenso sobre avanzar hacia un marco internacional específico que garantice los derechos fundamentales para las personas mayores. La dignidad, igualdad y no discriminación deben estar siempre presentes en las políticas públicas frente al reto global del envejecimiento.
Es un instrumento jurídico que busca garantizar los derechos de las personas mayores a nivel internacional, promoviendo su dignidad, igualdad y no discriminación.
La PMP pide voluntad política para lograr la aprobación de la Convención antes de 2030, instando a España a adoptar un papel activo en el proceso internacional.
Se abordaron avances, retos y compromisos relacionados con la Convención, así como la necesidad de desarrollar una Ley Integral de los Derechos de las Personas Mayores en España.
Los participantes consideran que la Convención puede ser un instrumento transformador para combatir el edadismo y garantizar derechos fundamentales para las personas mayores.
Se mencionaron obstáculos como la falta de un respaldo fuerte por parte de la Unión Europea y la necesidad de consensos amplios entre diferentes regiones y culturas.
España aspira a ser pionera y líder en el reconocimiento del derecho a un envejecimiento saludable, participando activamente en las reuniones intergubernamentales y consultas de Naciones Unidas.
La Convención se presenta como una respuesta urgente ante un momento complejo para el sistema internacional, buscando reforzar los derechos humanos frente a crecientes desafíos globales.