El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha instado a las comunidades autónomas a utilizar el histórico incremento de financiación de 6.200 millones de euros para la dependencia, destinado a reducir las listas de espera y mejorar la calidad de las prestaciones. Durante un Consejo Territorial, Bustinduy destacó que esta es la mayor inversión social en décadas y subrayó que los recursos deben centrarse exclusivamente en la dependencia. La ampliación de la financiación entrará en vigor el 1 de julio, aumentando un 98,7% los fondos para el nivel mínimo de atención. Además, se destinarán más de 900 millones al nivel acordado de protección.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se reunió este lunes con los gobiernos autonómicos en el Consejo Territorial, donde se discutió la reciente ampliación de las transferencias estatales para financiar la dependencia. Este aumento representará una inversión histórica de 6.200 millones de euros en un período de dos años.
Bustinduy instó a las comunidades autónomas (CCAA) a utilizar esta significativa ampliación para continuar reduciendo las listas de espera, así como para mejorar tanto la calidad como la intensidad de las prestaciones que reciben los usuarios. Además, subrayó la necesidad de dignificar las condiciones laborales de las cuidadoras.
El ministro también destacó que, además del incremento estructural en la financiación del nivel mínimo de dependencia, este año la aportación estatal para el nivel acordado superará nuevamente los 900 millones de euros.
Durante el Consejo Territorial Ordinario celebrado en el Ministerio de Derechos Sociales, Bustinduy enfatizó que esta es “la mayor inversión social en décadas” y solicitó a los gobiernos autonómicos priorizar tres objetivos fundamentales: reducir las listas de espera, mejorar las prestaciones y dignificar el trabajo de las cuidadoras.
Bustinduy recordó que esta ampliación es estructural y está blindada por ley para evitar recortes futuros. “Se trata de una medida histórica que supone una refundación del sistema”, afirmó. Esta iniciativa será complementada con reformas legislativas en curso relacionadas con la Dependencia y Discapacidad, cuyo objetivo es transformar el enfoque asistencialista hacia uno más centrado en los derechos y autonomía de las personas.
El ministro también mencionó el amplio respaldo social a estas reformas, señalando que ninguna comunidad autónoma ha presentado objeciones al contenido propuesto. “La única solicitud ha sido más recursos para implementar estas leyes”, añadió Bustinduy, quien aseguró que este “incremento inédito” será exclusivamente destinado a la dependencia.
A partir del 1 de julio, entrará en vigor la ampliación de las cuantías por grado, lo que permitirá a las CCAA aumentar sus fondos para financiar el nivel mínimo de dependencia en un 98,7% de media. Además, se abordó el incremento en la financiación del nivel acordado durante el Consejo Territorial.
Bustinduy anunció que se incluirán 121 millones de euros adicionales para repartir entre las CCAA, lo que elevará la inversión total a través del nivel acordado a más de 904 millones de euros. Sumando los recursos destinados a Euskadi y Navarra, se alcanzará un total cercano a 970 millones de euros.
“Este ministerio ha cumplido con su parte. Ya no hay excusas ni falta de recursos. Es momento de centrarnos en lo verdaderamente importante: cuidar mejor, cuidar antes y cuidar con más dignidad”, concluyó Bustinduy.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Incremento total de la inversión | 6.200 millones de euros |
| Incremento del nivel acordado | 904 millones de euros |
| Incremento medio para las CCAA | 98,7% |
El ministro Bustinduy ha instado a los gobiernos autonómicos a destinar el histórico incremento de financiación para reducir las listas de espera, mejorar la intensidad y calidad de las prestaciones, y dignificar las condiciones laborales de las cuidadoras.
La inversión total será de 6.200 millones de euros en dos años, lo que representa una ampliación estructural en la financiación del sistema de dependencia.
Además del incremento estructural, se incluirán 121 millones de euros adicionales para el nivel acordado, lo que llevará la financiación total para este nivel a aproximadamente 970 millones de euros.
La ampliación entrará en vigor el 1 de julio.
Los objetivos prioritarios son continuar reduciendo las listas de espera, mejorar la calidad y la intensidad de las prestaciones, y mejorar las condiciones laborales de las cuidadoras.