El Gobierno de España ha aprobado un real decreto que establece condiciones básicas para garantizar la accesibilidad cognitiva, permitiendo a las personas con dificultades de comprensión ejercer sus derechos y disfrutar de igualdad de oportunidades. Esta normativa, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, busca facilitar la comprensión en ámbitos esenciales como la sanidad, telecomunicaciones, transporte y procesos electorales. Se requiere que toda información sea presentada en formatos accesibles, incluyendo lenguaje claro y pictogramas, beneficiando a personas con discapacidad intelectual, autismo, problemas de salud mental y mayores con deterioro cognitivo. Este decreto representa un avance significativo hacia la inclusión social y la no discriminación en el acceso a servicios públicos y privados.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un nuevo real decreto que establece las condiciones básicas para asegurar la accesibilidad cognitiva, una medida destinada a garantizar que las personas con dificultades de comprensión puedan ejercer sus derechos y disfrutar de igualdad de oportunidades. Esta iniciativa, promovida por el Ministerio de Derechos Sociales, se enfoca en diversos ámbitos cruciales como centros sanitarios, telecomunicaciones, espacios públicos e infraestructuras.
La normativa estipula que toda información y comunicación debe ser presentada de manera clara y accesible. Esto incluye el uso de formatos como el lenguaje claro, lectura fácil, sonido, pictogramas y apoyos visuales. Además, se requiere que estos recursos sean proporcionados sin coste adicional ni demoras.
El decreto está diseñado para beneficiar a un amplio espectro de la población que enfrenta dificultades de comprensión. Esto abarca a personas con discapacidad intelectual, daño cerebral adquirido, autismo, problemas de salud mental o parálisis cerebral. Asimismo, se contempla a personas mayores con deterioro cognitivo, individuos en situación de analfabetismo y migrantes que no dominan los idiomas del país.
Con este reglamento, se busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos y promover la no discriminación. La norma proporciona herramientas y soluciones que facilitan la comprensión y la comunicación en entornos esenciales para la vida cotidiana.
El reglamento también responde a la disposición adicional segunda de la Ley 6/2022 sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social. Este marco normativo es pionero en España en lo que respecta a la accesibilidad cognitiva y establece requisitos generales que deben cumplir tanto entidades públicas como privadas.
Las obligaciones específicas abarcan múltiples ámbitos: telecomunicaciones, espacios públicos, transporte, servicios al público (incluidos los sanitarios), relaciones con administraciones públicas y procesos electorales. Cada sector tendrá pautas adaptadas a sus características particulares para asegurar una adecuada accesibilidad cognitiva.
El Ministerio de Derechos Sociales está trabajando en colaboración con el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (CEACOG) para desarrollar guías prácticas que faciliten la implementación del reglamento por parte de organismos públicos y entidades privadas. Además, el CEACOG está creando iniciativas destinadas a simplificar trámites administrativos como la declaración de la renta o el ingreso mínimo vital.
¿Qué implica la accesibilidad cognitiva?
La accesibilidad cognitiva asegura el derecho a comprender la información del entorno y facilita la comunicación efectiva. El Ministerio subraya que es fundamental tratar las funciones cognitivas con igual importancia que otros aspectos físicos; así como se instalan rampas para personas con movilidad reducida, también deben existir recursos para quienes enfrentan dificultades cognitivas.
En este contexto, se han preparado materiales audiovisuales que resumen los puntos clave del reglamento. Se espera que estas medidas contribuyan significativamente a crear un entorno más inclusivo para todos los ciudadanos.
La accesibilidad cognitiva es el derecho a comprender la información que nos proporciona el entorno, a dominar la comunicación que mantenemos con él y a poder hacer con facilidad las actividades que en él se llevan a cabo sin ningún tipo de discriminación.
El decreto está dirigido a personas con discapacidad intelectual, daño cerebral adquirido, autismo, problemas de salud mental o parálisis cerebral, así como a personas mayores con deterioro cognitivo, personas en situación de analfabetismo o personas migrantes que no dominan las lenguas del Estado.
Los ámbitos esenciales incluyen centros sanitarios, telecomunicaciones, espacios públicos, infraestructuras, transportes, administraciones judiciales, espacios culturales y procesos electorales.
Se establecen herramientas como lenguaje claro, lectura fácil, sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, señalización accesible y pictogramas. También se incluyen soluciones tecnológicas que mejoran la comunicación y la orientación.
El Ministerio de Derechos Sociales está trabajando en la elaboración de guías para facilitar la aplicación del reglamento por parte de los organismos públicos y entidades privadas responsables. Además, se desarrollarán iniciativas para simplificar trámites administrativos.