La Ley 4/2026 entra en vigor con nuevas garantías para las intervenciones involuntarias en salud mental: refuerza el consentimiento informado, los apoyos para decidir y la consulta de voluntades anticipadas. En los ingresos urgentes deberán agotarse las alternativas voluntarias y dejar constancia de las actuaciones e información facilitada. El Gobierno deberá presentar en un máximo de un año un proyecto de ley orgánica para reformar el procedimiento judicial de internamiento involuntario.
La Ley 4/2026 entra en vigor el 23 de octubre de 2026 e incorpora garantías asistenciales para proteger la autonomía de las personas atendidas en salud mental, promover las intervenciones voluntarias y precisar las obligaciones de los servicios y profesionales sanitarios.
La reforma añade un artículo al texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Establece que las intervenciones sanitarias y asistenciales deben basarse en el consentimiento libre e informado, conforme a la legislación sobre autonomía del paciente, y seguir un enfoque comunitario y centrado en la persona, respetuoso con sus deseos, voluntad y preferencias.
Cuando alguien necesite apoyo para decidir, las decisiones deberán tomarse con los apoyos formalmente establecidos o, en su defecto, con la asistencia de quien se los preste, de acuerdo con la legislación aplicable. La garantía se enmarca en el modelo de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica previsto en la Ley 8/2021.
Si el paciente no puede decidir, deberá consultarse su voluntad anticipada mediante los documentos registrados o la información recogida en su historia clínica, conforme a la legislación sanitaria vigente. La planificación anticipada de decisiones y los planes de crisis pueden ayudar a conocer sus preferencias cuando necesite atención y su voluntad esté comprometida.
Los ingresos involuntarios se regulan en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La reforma determina los supuestos que permiten el ingreso por urgencia vital, definida como una amenaza para la vida o la integridad de la persona o de terceros, y concreta los requisitos: agotar las alternativas voluntarias, consultar las voluntades anticipadas, proporcionar los apoyos necesarios y ofrecer información accesible al paciente.
La norma prohíbe las intervenciones involuntarias protocolizadas sin evaluación individual, el mantenimiento injustificado de medidas involuntarias y su uso con fines punitivos o disciplinarios.
Las sujeciones o contenciones mecánicas solo deberán considerarse en situaciones excepcionales. Su utilización tendrá que tratarse como un incidente relacionado con la seguridad del paciente, registrarse en la historia clínica y evaluarse posteriormente. Los centros deberán disponer de protocolos que garanticen la intimidad, la seguridad, los cuidados y el respeto a los derechos y la dignidad de las personas atendidas.
Las nuevas obligaciones asistenciales se suman a las garantías judiciales, mientras el procedimiento continúa regulado por el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este exige autorización judicial previa para el internamiento involuntario, excepto cuando la urgencia haga necesario el ingreso inmediato.
En caso de ingreso urgente, el centro deberá comunicarlo al tribunal lo antes posible y, como máximo, en 24 horas. La ratificación judicial tendrá que producirse en un plazo máximo de 72 horas desde que el internamiento llegue a conocimiento del tribunal.
La disposición final decimonovena de la Ley 4/2026 establece que el Gobierno deberá remitir a las Cortes Generales, en un plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la norma, un proyecto de ley orgánica para reformar el procedimiento judicial.
La futura regulación deberá adaptarse al artículo 49 de la Constitución, a las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y al Convenio Europeo de Derechos Humanos. También deberá incorporar el concepto de apoyo comunitario y acompañarse del desarrollo normativo sanitario y social necesario para su aplicación.
| Cifra | Dato |
|---|---|
| 24 horas | Plazo máximo para que el centro comunique al tribunal un ingreso involuntario urgente. |
| 72 horas | Plazo máximo para la ratificación judicial, contado desde que el internamiento llegue a conocimiento del tribunal. |
| 1 año | Plazo máximo desde la entrada en vigor para que el Gobierno remita a las Cortes Generales un proyecto de ley orgánica de reforma del procedimiento. |
| Ley 4/2026 | Ley que introduce la reforma. |
| Ley 8/2021 | Ley en cuyo modelo de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica se enmarca una de las garantías mencionadas. |
| Artículo 763 | Artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil que regula los ingresos involuntarios. |
| Artículo 49 | Artículo de la Constitución al que deberá adaptarse la futura regulación. |
Establece que las intervenciones deben basarse en el consentimiento libre e informado y respetar los deseos, la voluntad y las preferencias de la persona. También contempla apoyos para tomar decisiones y la consulta de voluntades anticipadas cuando el paciente no pueda decidir.
La norma exige agotar las alternativas voluntarias, consultar las voluntades anticipadas, proporcionar los apoyos necesarios y ofrecer información accesible al paciente. En estos casos, el centro debe comunicar el ingreso al tribunal lo antes posible y, como máximo, en 24 horas.
Prohíbe las intervenciones involuntarias protocolizadas sin evaluación individual, su mantenimiento injustificado y su uso punitivo o disciplinario. Las sujeciones o contenciones mecánicas solo deben considerarse en situaciones excepcionales, documentarse en la historia clínica y evaluarse posteriormente.
La ratificación judicial debe producirse en un máximo de 72 horas desde que el internamiento llegue a conocimiento del tribunal.
Deberá remitir a las Cortes Generales, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la Ley 4/2026, un proyecto de ley orgánica para reformar el procedimiento de los internamientos involuntarios.