El Gobierno de España ha enviado al Congreso un proyecto de ley para reformar las leyes de Dependencia y Discapacidad, con el objetivo de ofrecer más servicios y prestaciones, reducir la burocracia y fomentar el uso de tecnología. Esta reforma garantiza la accesibilidad como derecho fundamental, permite a las personas con discapacidad trabajar mientras reciben prestaciones y amplía el catálogo de ayudas, incluyendo asistencia personal y teleasistencia universal. También se suprime el régimen de incompatibilidades en las prestaciones y se agilizan los procesos administrativos. Además, se destinarán 783,2 millones de euros a financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). La iniciativa busca mejorar la calidad del empleo en el sector y responder a los retos demográficos del país.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un proyecto de ley que busca reformar las normativas sobre Dependencia y Discapacidad, presentado por el ministro Pablo Bustinduy. Este texto ha sido enviado al Congreso de los Diputados para su tramitación, marcando un paso significativo hacia una mayor inclusión y apoyo para las personas con discapacidad y en situación de dependencia.
Entre las principales características de la reforma se destaca la consolidación de la accesibilidad como un derecho fundamental, así como la garantía de que las personas con discapacidad puedan trabajar mientras reciben prestaciones por dependencia. Además, se introduce un nuevo enfoque en el artículo 49 de la Constitución, que refuerza estos derechos.
La reforma también contempla la eliminación del régimen de incompatibilidades en las prestaciones de dependencia y suprime el plazo suspensivo de dos años para las ayudas económicas destinadas a cuidados en el entorno familiar. Estas modificaciones buscan facilitar el acceso a los recursos necesarios para quienes más lo necesitan.
Asimismo, se prevé una ampliación significativa de la ayuda domiciliaria, regulando la asistencia personal profesional y reconociendo la teleasistencia como un derecho. También se ofrecerán prestaciones transitorias para personas clasificadas en grados II y III de dependencia.
En otro orden, el Consejo ha autorizado una partida de 783,2 millones de euros destinada a financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Esta cifra representa la inversión más alta en este ámbito desde su creación y será distribuida entre las comunidades autónomas mediante convenios específicos.
Bustinduy ha enfatizado que esta reforma no solo amplía los servicios disponibles, sino que también busca revertir recortes significativos implementados en años anteriores. La intención es transformar el sistema actual para adaptarlo a los desafíos demográficos futuros, garantizando así una atención más personalizada y eficiente.
El proyecto incluye importantes innovaciones en el catálogo de servicios. Se introducirán nuevos modelos de convivencia colaborativa y se ofrecerán productos de apoyo como sillas de ruedas eléctricas o asistentes de voz. También se reconoce el derecho a recibir asistencia personal, lo que permitirá a muchas personas mantener su autonomía e integrarse activamente en sus comunidades.
Una medida destacada es la extensión del período durante el cual se puede recibir una prestación económica tras el fallecimiento del dependiente, asegurando así un soporte continuo a las familias afectadas. Además, se amplía esta prestación para aquellos que cuidan a familiares, reflejando una mayor consideración hacia quienes brindan apoyo diario.
La reforma también aborda aspectos laborales dentro del SAAD, estableciendo criterios claros sobre la calidad del empleo en el sector. Se busca garantizar condiciones laborales dignas para los profesionales encargados del cuidado, subrayando que un servicio de calidad requiere trabajadores bien remunerados y capacitados.
A través del diálogo con gobiernos autonómicos, se determinarán estándares adecuados que aseguren tanto la formación continua como el número suficiente de profesionales según las necesidades específicas del usuario.
Además, se prevén avances tecnológicos destinados a optimizar los servicios ofrecidos. La ley establece un marco común para garantizar calidad en los centros del SAAD mediante nuevas herramientas tecnológicas que faciliten tanto la evaluación como la supervisión del impacto en la vida diaria de los usuarios.
Se promoverá además un uso responsable e inclusivo de tecnologías emergentes, asegurando que estas respeten principios fundamentales como la privacidad y autonomía personal. Las personas con discapacidad serán consideradas grupos prioritarios dentro del Sistema Español de Ciencia y Tecnología.
Por último, esta legislación establece un nuevo marco para abordar problemas relacionados con la salud mental, priorizando siempre el consentimiento informado y prohibiendo prácticas coercitivas injustificadas. Se busca garantizar una atención integral que respete plenamente los derechos humanos y promueva una vida digna para todos.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 783,2 millones de euros | Monto autorizado para repartir entre los gobiernos autonómicos para financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). |
| 260.000 trabajadoras | Estimación de trabajadoras adicionales necesarias para el Sistema de la Dependencia para 2030. |
| 33% | Reconocimiento automático de discapacidad para personas con grado I en el Sistema de la Dependencia. |
| 65% | Reconocimiento de discapacidad para personas con grado II o III en el Sistema de la Dependencia. |
El Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de ley para reformar la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.
La reforma busca consolidar la accesibilidad como derecho, garantizar que las personas con discapacidad puedan trabajar recibiendo una prestación de dependencia, y desarrollar nuevos derechos y servicios para mejorar la calidad de vida de estas personas.
Se suprimirá el régimen de incompatibilidades en las prestaciones y se eliminará el plazo suspensivo máximo de dos años para las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar.
El Gobierno destinará 783,2 millones de euros a los gobiernos autonómicos para financiar el nivel acordado del SAAD, lo que representa una inversión récord en este ámbito.
Se reconoce el derecho a decidir sobre las prestaciones y servicios recibidos, así como el derecho a atención sanitaria integral, independientemente del lugar donde viva la persona dependiente.
La reforma permitirá que las personas con discapacidad puedan compatibilizar el acceso al empleo con los servicios y prestaciones del sistema, eliminando desincentivos laborales previos.
La ley promoverá el uso de nuevas tecnologías para mejorar la calidad del servicio y establecerá principios para garantizar que cualquier tecnología respete la autonomía, privacidad e integridad personal.
Este artículo garantiza más derechos y dignidad a las personas con discapacidad, promoviendo la accesibilidad universal y otros derechos fundamentales relacionados con su bienestar.