El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que consolida la gestión directa como modalidad preferente en la prestación sanitaria y deroga la Ley 15/1997. Esta norma busca garantizar un sistema sanitario universal, equitativo y de calidad, eliminando las vías para la gestión privada. La ley establece mecanismos de control como evaluaciones previas obligatorias y prioriza el sector social en licitaciones. Además, se publicarán anualmente indicadores de resultados en salud y se apoyará la reversión a la gestión pública directa. La ley entrará en vigor 20 días después de su publicación oficial.
El Consejo de Ministros aprueba el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud
El Consejo de Ministros ha dado luz verde, en segunda vuelta, al Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Este paso marca el inicio de la tramitación parlamentaria de una norma que busca consolidar la gestión directa como modalidad preferente en la prestación sanitaria, derogando así la Ley 15/1997, que había permitido la introducción de nuevas formas de gestión privada en el sistema sanitario.
Con este proyecto, el Gobierno pretende garantizar que la gestión pública sea prioritaria y asegurar un acceso universal, equitativo y de calidad a los servicios sanitarios. La ley establece la gestión directa como el pilar fundamental del SNS, llevándose a cabo a través de administraciones, entidades del sector público o consorcios.
Para proteger este modelo, se deroga expresamente la legislación anterior que facilitó la entrada masiva de la gestión privada en el ámbito sanitario. Según se detalla en la exposición de motivos, estudios científicos indican que la gestión pública proporciona una mayor equidad en el acceso y mejores resultados en salud, además de ofrecer un control y transparencia superiores sobre el gasto público.
La ley también establece que la gestión indirecta de servicios sanitarios será considerada una excepción estricta. Las administraciones deberán justificar objetivamente por qué no es viable la prestación directa y demostrar que cualquier alternativa elegida es sostenible y eficiente.
Entre las medidas implementadas para garantizar un adecuado control destacan:
La nueva ley también introduce medidas para fomentar un buen gobierno al exigir la publicación anual de indicadores sobre resultados en salud para todos los centros, independientemente del modelo bajo el cual operen. Además, se ofrecerá asesoramiento técnico desde la Alta Inspección del Ministerio de Sanidad a aquellas administraciones que deseen recuperar servicios bajo gestión pública directa.
A lo largo del próximo año, el Ministerio elaborará un informe evaluativo sobre las experiencias gestionadas en España desde 1997. Este documento será elaborado por un grupo integrado por representantes administrativos y expertos en evaluaciones, incluyendo también a organizaciones representativas de pacientes.
El Proyecto contempla un régimen transitorio que asegura estabilidad jurídica: los contratos y concesiones ya vigentes continuarán bajo las normativas anteriores hasta su finalización. Una vez que esta ley sea aprobada definitivamente por las Cortes, entrará en vigor veinte días después de su publicación oficial.
Es una norma aprobada por el Consejo de Ministros que consolida la gestión directa como modalidad preferente en la prestación sanitaria y deroga la Ley 15/1997, que permitió nuevas formas de gestión privada en el sistema sanitario.
El objetivo principal es garantizar la prioridad de la gestión pública, asegurando un sistema sanitario universal, equitativo y de calidad.
La gestión indirecta pasa a ser excepcional, requiriendo que las administraciones justifiquen objetivamente su necesidad y demuestren que es sostenible y eficiente.
Se crean órganos con expertos para evaluar la gestión indirecta, se requiere un informe obligatorio de sostenibilidad financiera para contratos de concesión, y se prioriza a entidades sin ánimo de lucro en caso de empate en licitaciones.
La ley exige la publicación anual de indicadores de resultados en salud para todos los centros y establece asesoría técnica para administraciones que deseen recuperar servicios para la gestión pública directa.
Los contratos y concesiones en ejecución continuarán rigiéndose por la normativa anterior hasta su vencimiento, garantizando así seguridad jurídica.