La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) ha reiterado su postura sobre el Proyecto de Ley Integral de Economía Social, afirmando que esta normativa no pone en riesgo el empleo de las personas con discapacidad. La ley, que fue aprobada en el Congreso de los Diputados el 9 de diciembre de 2025, continúa su tramitación parlamentaria con su reciente remisión al Senado.
CEPES, como principal representante del sector en España, subraya la necesidad de que la ley defina claramente a los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS) como actores fundamentales dentro del ámbito de la Economía Social. Esta definición es esencial para asegurar que se reconozcan y respalden las entidades que operan bajo los principios y valores de inclusión social y generación de empleo de calidad.
Seguridad jurídica y función social
Juan Antonio Pedreño, presidente de CEPES, ha destacado que “la Ley Integral de Economía Social debe ofrecer seguridad jurídica y reconocer a aquellas entidades que cumplen efectivamente con los principios y valores de la Economía Social”. Esto es crucial para garantizar su función inclusiva y la creación de empleo digno para personas con discapacidad.
Desde 2017, el marco legal español ya distingue entre los CEEIS y los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Empresarial (CEEIE). Esta diferenciación se basa en sus objetivos: mientras que los CEEIE operan con ánimo de lucro, los CEEIS están obligados a reinvertir sus beneficios en mejorar el acceso al empleo para personas con discapacidad.
Dudas sobre el impacto laboral
CEPES aclara que la delimitación legal no implica la eliminación de los CEEIE ni la reducción del empleo. Los centros empresariales seguirán funcionando normalmente y continuarán teniendo acceso a apoyos públicos para fomentar la contratación de personas con discapacidad. “La Ley no excluye ningún modelo empresarial ni destruye empleos”, afirma Pedreño, enfatizando que simplemente busca organizar jurídicamente las entidades conforme a sus principios.
Además, la falta de mención explícita a los CEEIE en esta ley no significa una amenaza para el empleo, sino un necesario reordenamiento jurídico para delimitar correctamente lo que constituye la Economía Social.
Diferenciación en contratación pública
En cuanto a la contratación pública, ya existe una regulación bajo la Ley 9/2017 que diferencia entre ambos tipos de centros. Esta normativa permite reservar contratos para entidades con finalidad social reforzada como los CEEIS. Pedreño asegura que “esta delimitación no introduce nuevas restricciones”, permitiendo a los CEEIE participar en igualdad de condiciones en procesos públicos.
CEPES también destaca que definir claramente a los CEEIS no incrementa el gasto público. Según Pedreño, “la inversión pública en estos centros genera un mayor retorno económico y social”. Este enfoque sitúa a España como líder en promover el empleo para personas con discapacidad desde una perspectiva socialmente responsable.
Un modelo empresarial inclusivo
Las políticas europeas recientes respaldan esta visión. La Comisión Europea ha reconocido tanto a las empresas sociales como a los CEEIS por su capacidad para generar empleo donde el mercado tradicional falla. Estas iniciativas priorizan objetivos sociales sobre el lucro y garantizan una gobernanza participativa junto con la reinversión total de beneficios.
CEPES valora positivamente el avance del Proyecto de Ley y considera fundamental continuar trabajando para incorporar mejoras que fortalezcan su impacto social y económico. Confía en que el proceso legislativo en el Senado permita alcanzar un consenso político más amplio que beneficie al desarrollo del sector.
Preguntas sobre la noticia
¿Qué es la Ley Integral de Economía Social?
Es una norma que busca regular y definir los principios de la Economía Social en España, incluyendo la identificación de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS) como actores clave en este sector.
¿La Ley Integral de Economía Social destruye empleo para personas con discapacidad?
No, CEPES afirma que la ley no implica la destrucción de empleo ni la exclusión del mercado laboral para las personas con discapacidad. Los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Empresarial seguirán operando normalmente.
¿Cuál es la diferencia entre CEEIS y CEEIE?
Los CEEIS son entidades sin ánimo de lucro que reinvierten sus beneficios en mejorar el acceso al empleo para personas con discapacidad, mientras que los CEEIE tienen ánimo de lucro y pueden operar con fines comerciales.
¿Qué beneficios trae la regulación de los CEEIS?
Se espera que la regulación genere un mayor retorno económico y social, reduciendo costes sociales y aumentando ingresos al fomentar el empleo inclusivo para personas con discapacidad.
¿Cómo se relaciona esta ley con las políticas europeas sobre empleo?
Dicha ley está alineada con las políticas europeas que promueven modelos alternativos de empleo para personas con discapacidad, reconociendo a las empresas que priorizan objetivos sociales como proveedoras de empleo de calidad.