derechos laborales

La ONU ha elogiado la decisión del Gobierno de Tailandia de otorgar derechos laborales a los refugiados de Myanmar, particularmente a la comunidad rohinyá. Esta medida, que permite a los refugiados trabajar legalmente, no solo les ayudará a sostenerse económicamente, sino que también beneficiará a las economías locales y promoverá el crecimiento sostenible en Tailandia. La representante del ACNUR en Tailandia, Tammi Sharpe, considera esta resolución un "punto de inflexión" y un paso hacia políticas más inclusivas para los refugiados. En un contexto de recortes en la ayuda humanitaria global, esta acción podría establecer un precedente positivo para otros países con desafíos similares.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, ha presentado una nueva comisión internacional de expertos que se encargará de establecer las bases normativas para la democracia en las empresas. Esta iniciativa busca desarrollar el artículo 129.2 de la Constitución Española, promoviendo la participación de los trabajadores en la gestión empresarial. La creación de esta comisión responde a la necesidad de fortalecer la democracia económica en un contexto global donde los sistemas democráticos enfrentan desafíos. La presidenta de la comisión será Isabelle Ferreras, junto a destacados académicos y expertos en el ámbito laboral. La participación activa de los trabajadores se considera esencial para mejorar la productividad y estabilidad en las empresas, contribuyendo así a una economía más justa y equitativa.

La ministra de Juventud, Rego, ha destacado la importancia de ampliar los derechos laborales de los educadores sociales en un encuentro telemático con representantes del Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales. Esta semana se iniciará la tramitación del Real Decreto que establece estándares mínimos en el sistema de acogimiento residencial para niños, niñas y adolescentes, lo que subraya el compromiso del gobierno con la mejora de las condiciones laborales en este sector.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, ha propuesto en Bruselas la implementación de auditorías algorítmicas obligatorias y formación digital para proteger los derechos laborales ante los desafíos que plantea la inteligencia artificial. Durante su intervención en la conferencia del CESE y la OIT, Díaz destacó la necesidad de evitar que las grandes plataformas digitales controlen el trabajo y abogó por un modelo de digitalización que promueva la justicia social. Entre sus propuestas se incluyen el derecho a la formación digital, la participación sindical en el diseño de algoritmos y un indicador de riesgo de automatización. Esta iniciativa busca garantizar que los avances tecnológicos no perjudiquen a los trabajadores y que se mantenga el respeto por sus derechos laborales.