Con motivo del Día Europeo de los Derechos de los Pacientes, que se celebra el 18 de abril, la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) han instado a las administraciones públicas a avanzar hacia el cumplimiento efectivo de los derechos sanitarios y sociales para los colectivos más vulnerables. En particular, han señalado la necesidad de proteger a aquellos pacientes que enfrentan mayores obstáculos en el acceso, continuidad asistencial, cuidados y participación, tales como las personas mayores, las personas con discapacidad y quienes padecen enfermedades crónicas.
A pesar de que los derechos de los pacientes están reconocidos en la normativa nacional y autonómica, ambas plataformas han denunciado que su aplicación es desigual e insuficiente. Esta situación ha llevado a miles de pacientes a experimentar desprotección y vulneración de su autonomía personal. La inequidad territorial, la fragmentación entre los sistemas sanitario y social, así como la brecha digital y la falta de participación efectiva son factores que siguen obstaculizando una atención equitativa y continua.
Denuncias sobre desigualdad en el acceso
El ‘Observatorio de la Atención al Paciente 2025’ de la POP advierte que la brecha digital limita el acceso a herramientas y servicios sociosanitarios para las personas mayores con enfermedades crónicas o discapacidades. Además, el informe indica que la implementación autonómica de la integración sanitaria y social es heterogénea. Aunque muchas comunidades autónomas han diseñado acciones específicas para pacientes mayores o con cronicidad compleja, las mujeres con enfermedades crónicas son el grupo con menor cobertura específica entre los analizados, a pesar de su mayor carga en cuidados.
La PMP ha resaltado que las personas mayores enfrentan importantes barreras estructurales para ejercer sus derechos como pacientes. Entre estas destacan las largas listas de espera, la fragmentación en la atención y una digitalización acelerada que ha resultado en exclusión para muchos. La organización también ha subrayado cómo esta brecha digital limita el acceso a información sanitaria y sistemas médicos entre aquellos con menor alfabetización digital o problemas de accesibilidad.
Impacto en la vida laboral
La POP ha recordado que el impacto de la cronicidad va más allá del ámbito clínico. El ‘Informe 2025 de la Clínica Legal’ revela que muchas barreras se traducen en dificultades reales para ejercer derechos laborales: un 42,6% de las consultas recibidas estaban relacionadas con temas laborales como incapacidad permanente o adaptación del puesto. Esto pone en evidencia cómo las enfermedades crónicas afectan significativamente tanto la vida laboral como la seguridad jurídica de los pacientes.
Carina Escobar, presidenta de la POP, ha advertido que “no basta con reconocer derechos sobre el papel; es fundamental garantizar su ejercicio real e igualitario”. Esto implica asegurar accesibilidad, continuidad asistencial y un enfoque centrado en el paciente. Asimismo, ha enfatizado la importancia del apoyo a las personas cuidadoras, especialmente a las mujeres mayores que aún asumen gran parte del cuidado sin recibir suficientes apoyos.
Demandas por políticas públicas adecuadas
La PMP ha destacado cómo muchas mujeres mayores cuidadoras sufren una triple discriminación debido a su edad, género y rol en el cuidado. Por ello, han exigido políticas públicas que reconozcan su labor y garanticen apoyos adecuados para asegurar su derecho a cuidarse y recibir atención sanitaria equitativa.
A día de hoy, muchas necesidades no están siendo atendidas adecuadamente: se carece del soporte domiciliario necesario para muchos pacientes frágiles y hay una baja inversión en cuidados a largo plazo (solo un 0,9% del PIB). Esta falta de recursos impacta negativamente en la calidad de vida y autonomía de las personas mayores.
Derechos fundamentales para pacientes
La PMP también ha insistido en que los derechos sanitarios deben incluir el derecho a información clara y accesible así como participar activamente en decisiones sobre su salud. Se requieren mecanismos efectivos que permitan a las personas mayores acceder a información sanitaria relevante e involucrarse en decisiones médicas mediante sus organizaciones representativas.
José Manuel Freire, presidente de la Comisión de Sanidad de la PMP, ha enfatizado: “La participación no puede ser simbólica; es esencial escuchar su voz para atender sus necesidades específicas”.
Ante esta situación crítica, ambas plataformas han hecho un llamado urgente al sistema sanitario y social para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos tanto para pacientes como para personas mayores. Insisten en reforzar accesibilidad territorial equitativa, reducir brechas digitales sin deshumanizar atención médica e integrar verdaderamente las voces de estos grupos en políticas públicas. Freire concluyó afirmando: “El respeto por los derechos debe ser una obligación democrática y una cuestión fundamental de justicia social”.
Preguntas sobre la noticia
¿Qué organizaciones están urgiendo a garantizar los derechos sanitarios y sociales de los pacientes más vulnerables?
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) están reclamando a las administraciones públicas que avancen hacia el cumplimiento real y efectivo de los derechos sanitarios y sociales.
¿Cuáles son algunos de los colectivos más vulnerables mencionados en la noticia?
Los colectivos más vulnerables incluyen a las personas mayores, las personas con discapacidad y las personas con enfermedades crónicas.
¿Qué problemas enfrentan los pacientes según la PMP y la POP?
Los pacientes enfrentan barreras como demoras en listas de espera, fragmentación de la atención, brecha digital, falta de participación efectiva y desigual aplicación de sus derechos reconocidos por la normativa.
¿Cuál es el impacto de la brecha digital en los pacientes mayores?
La brecha digital limita el acceso a herramientas y servicios sociosanitarios para las personas mayores con enfermedades crónicas o discapacidad, dificultando su atención sanitaria.
¿Qué se está haciendo para mejorar la situación de los cuidadores, especialmente mujeres mayores?
Se están demandando políticas públicas que reconozcan el papel de las mujeres mayores cuidadoras, aseguren apoyos adecuados y garanticen su derecho a cuidarse y recibir atención sanitaria en igualdad de condiciones.
¿Qué recomendaciones hacen PMP y POP a las administraciones públicas?
Recomiendan garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de pacientes, reforzar la accesibilidad, reducir la brecha digital, impulsar una atención integrada centrada en la persona, apoyar a cuidadores e incorporar la voz de pacientes en políticas públicas.
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