La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha reclamado un pacto de Estado para aplicar de forma efectiva la reforma de la Ley de Autonomía y Atención a la Dependencia (LAPAD). La petición coincide con el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, que se conmemora el 29 de octubre, y busca que los derechos reconocidos se traduzcan en mejoras para las personas mayores y con discapacidad.
La PMP considera que la reforma representa un avance hacia un modelo de cuidados más personalizado, flexible y centrado en la autonomía, pero advierte de que su alcance dependerá del desarrollo y la aplicación operativa, así como de la capacidad de las administraciones para garantizar servicios, profesionales y apoyos en todo el territorio.
La entidad celebra que la ley establezca que la Administración General del Estado asuma el 50 % de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), una reivindicación histórica de la Plataforma. Aun así, sostiene que para dar estabilidad al sistema es fundamental avanzar hacia una inversión equivalente al 1,7 % del PIB.
Acceso equitativo y cuidados centrados en la persona
La PMP señala que en junio de 2026 más de 1,7 millones de personas recibían una prestación efectiva del SAAD y que la lista de espera se había reducido un 21 % en un año. Sin embargo, 142.887 personas seguían esperando y el tiempo medio de tramitación era de 314 días. Además, según el Índice DEC (Derechos, Economía y Cobertura), el 42 % de la población vive en territorios con servicios sociales débiles o irrelevantes.
Ante estas diferencias, la Plataforma pide garantizar la equidad territorial y la igualdad de acceso a servicios y prestaciones, de modo que el lugar de residencia no determine las oportunidades de recibir cuidados y apoyos. Reclama coordinación efectiva entre administraciones, criterios comunes para asegurar niveles adecuados de protección y recursos suficientes para atender las necesidades de cada territorio.
La PMP defiende un sistema que permita a las personas vivir y envejecer donde decidan y conservar el mayor control posible sobre su vida, sus relaciones, sus rutinas y su proyecto vital. Sostiene que necesitar cuidados no debe implicar perder capacidad de elección y aboga por un modelo centrado en la persona, que respete su dignidad, derechos, voluntad y preferencias, y ofrezca alternativas para permanecer en el hogar y la comunidad cuando así lo decida.
Servicios y profesionales para ampliar los apoyos
Pilar Rodríguez, presidenta de la Comisión de Cuidados de la PMP y de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, considera necesario contar con una red amplia, coordinada y flexible que adapte la atención a las preferencias y circunstancias de cada persona.
La Plataforma plantea reforzar los recursos domiciliarios y de proximidad, sin sustituir la atención residencial, que, según propone, debe avanzar hacia un modelo más personalizado, hogareño y conectado con la comunidad.
Aunque el empleo en cuidados ha aumentado, se estima que España necesitará 260.000 profesionales más de aquí a 2030 para responder a la creciente demanda. Rodríguez pide ampliar los servicios, reducir la burocracia y facilitar el acceso a los apoyos en un plazo razonable. Según la EPA, el empleo en cuidados creció un 8,9 % entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, al pasar de 386.900 a 421.200 puestos. La PMP considera que sigue siendo necesario incorporar profesionales para garantizar una cobertura suficiente.
Condiciones laborales y apoyo a las familias cuidadoras
La PMP destaca la necesidad de contar con plantillas suficientes, formación adecuada, estabilidad y condiciones laborales dignas. Rodríguez señala que la calidad de la atención depende en gran medida de las condiciones de trabajo y que mejorar el sistema requiere actuar sobre la disponibilidad de profesionales, su capacitación y sus condiciones laborales, además de avanzar en igualdad y corresponsabilidad en un sector altamente feminizado.
La Plataforma también pide reconocer y apoyar a quienes cuidan, tanto en el ámbito profesional como en el familiar. Rodríguez advierte de que la responsabilidad de los cuidados no debe seguir recayendo principalmente en las familias y las mujeres, y reclama recursos para evitar que cuidar implique renunciar a la salud, el empleo o la vida personal.
Entre las medidas que propone figuran reforzar el apoyo a las familias cuidadoras mediante formación, asesoramiento y recursos de respiro, y distribuir la responsabilidad de los cuidados entre los recursos públicos y privados, la comunidad y las familias.
Aplicación y seguimiento de la reforma
Con la entrada en vigor de la reforma, la PMP considera que se abre una etapa decisiva para trasladar los cambios normativos a mejoras concretas. La Plataforma valora el refuerzo de la teleasistencia, la asistencia personal y otros servicios de apoyo, así como una mayor flexibilidad para adaptar los cuidados a las necesidades y preferencias de cada persona.
Rodríguez señala que estos cambios pueden facilitar el acceso a apoyos y cuidados pertinentes y continuados, además de simplificar algunos trámites. Por ello, la PMP reclama a las comunidades autónomas diligencia y recursos suficientes para hacer efectivos los avances.
Para evaluar su aplicación, la entidad considera necesario fijar objetivos concretos, indicadores públicos y mecanismos periódicos de seguimiento. Propone atender a la evolución de las listas de espera, la cobertura, la disponibilidad de profesionales y la calidad de los apoyos, y comprobar si la financiación adicional genera mejoras concretas y verificables en la atención.
El presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández, sostiene que la aplicación efectiva de la reforma depende de un pacto estatal que aborde la gobernanza y la coordinación entre administraciones para simplificar y agilizar los procesos. La Plataforma plantea medir sus efectos en la vida cotidiana y garantizar que las personas reciban los apoyos necesarios a tiempo, cuenten con suficientes profesionales y puedan decidir cómo y dónde vivir y envejecer, sin renunciar a la autonomía, la dignidad o la participación social por encontrarse en situación de dependencia.
La noticia en cifras
| Cifra | Dato |
|---|
| 50 % | Porcentaje de la financiación del SAAD que, según la noticia, la ley establece que debe asumir la Administración General del Estado. |
| 1,7 % del PIB | Inversión que la PMP considera necesaria para dar estabilidad al sistema. |
| Junio de 2026 | Más de 1,7 millones de personas recibían una prestación efectiva del SAAD. |
| 21 % | Reducción de la lista de espera en un año, según la noticia. |
| 142.887 personas | Seguían esperando en junio de 2026. |
| 314 días | Tiempo medio de tramitación indicado en la noticia. |
| 42 % | Porcentaje de la población que vive en territorios con servicios sociales débiles o irrelevantes, según el Índice DEC. |
| 260.000 profesionales | Profesionales adicionales que, según la estimación citada, necesitará España de aquí a 2030. |
| 8,9 % | Aumento del empleo en cuidados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, según la EPA. |
| 386.900 a 421.200 puestos | Empleo en cuidados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, según la EPA. |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué reclama la Plataforma de Mayores y Pensionistas para aplicar la reforma de la LAPAD?
La PMP reclama un pacto de Estado que mejore la coordinación entre administraciones y permita aplicar eficazmente la reforma, con recursos suficientes y criterios comunes de protección.
¿Qué financiación establece la reforma para el sistema de dependencia?
La ley establece que la Administración General del Estado asuma el 50 % de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. La PMP considera fundamental avanzar hacia una inversión equivalente al 1,7 % del PIB.
¿Cuántas personas seguían esperando atención a la dependencia en junio de 2026?
Según los datos citados por la PMP, 142.887 personas seguían esperando y el tiempo medio de tramitación era de 314 días. Más de 1,7 millones de personas recibían una prestación efectiva.
¿Qué cambios en los cuidados defiende la PMP?
La Plataforma propone reforzar los apoyos domiciliarios y de proximidad, sin sustituir la atención residencial, y promover un modelo centrado en la persona que respete sus preferencias y permita permanecer en el hogar y la comunidad cuando esa sea su decisión.
Si (
No(
