Consumo

El consumo de cannabis entre adolescentes en España ha disminuido un 40% en las últimas dos décadas, según un informe del Ministerio de Sanidad. En 2004, el 25% de los estudiantes de secundaria de 14 a 18 años reportaron haber consumido cannabis en el último mes, cifra que se redujo al 15% en 2023. Este cambio podría reflejar una transformación en la percepción del riesgo y la efectividad de las campañas de prevención. A pesar de esta reducción entre los jóvenes, el consumo en la población adulta se ha mantenido estable. El informe también destaca un aumento en la concentración de THC en productos de cannabis y la necesidad de políticas integrales para abordar los riesgos asociados con su consumo.

El Ministerio de Consumo se une a autoridades de 35 países en una iniciativa para combatir el "ecopostureo" de las aerolíneas, también conocido como "greenwashing". Esta acción busca garantizar que las comunicaciones de estas compañías sean veraces, claras y respaldadas por pruebas científicas sólidas. La medida se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio para promover la transparencia y la sostenibilidad en el sector aéreo.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha entregado al Ayuntamiento de Madrid un archivo con las direcciones de 3.565 pisos turísticos ilegales, en un esfuerzo por facilitar su inspección y cierre. Esta acción se suma a la identificación previa de más de 15.000 alojamientos sin licencia en la capital, donde solo se han concedido 1.131 licencias oficialmente. El ministro Pablo Bustinduy destaca la importancia de esta información para recuperar viviendas para uso residencial y combatir la proliferación de alquileres ilegales. La iniciativa busca también instar al Ayuntamiento a tomar medidas efectivas, siguiendo el ejemplo de Barcelona en la regulación del turismo residencial. Para más detalles, visita el enlace.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha anunciado un nuevo Real decreto para garantizar una alimentación saludable en hospitales y residencias de mayores. Esta normativa, que se implementará junto al Ministerio de Sanidad, busca regular la calidad nutricional y sostenibilidad de los alimentos en estos centros, siguiendo el modelo del reciente Real decreto sobre Comedores Escolares. La medida responde a la creciente demanda social por mejorar la alimentación en instituciones que atienden a personas dependientes. Se establecerán criterios mínimos para asegurar una dieta equilibrada y adaptada a las necesidades de los usuarios.