El Grupo de Trabajo sobre Vulnerabilidades y Cambio Climático se ha constituido en Madrid, con el objetivo de analizar cómo los efectos del cambio climático impactan la salud pública, especialmente en colectivos vulnerables. Liderado por el Ministerio de Derechos Sociales, este grupo incluye a varios ministerios y organizaciones del tercer sector. Se enfocará en identificar factores de vulnerabilidad como la edad, situación socioeconómica y enfermedades crónicas, para desarrollar medidas de adaptación climática justa. Las acciones incluirán mejorar la comunicación preventiva y fortalecer la coordinación entre administraciones y entidades sociales, garantizando que las políticas públicas protejan a quienes están más expuestos a los riesgos climáticos.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha entregado al Ayuntamiento de Madrid un archivo con las direcciones de 3.565 pisos turísticos ilegales, en un esfuerzo por facilitar su inspección y cierre. Esta acción se suma a la identificación previa de más de 15.000 alojamientos sin licencia en la capital, donde solo se han concedido 1.131 licencias oficialmente. El ministro Pablo Bustinduy destaca la importancia de esta información para recuperar viviendas para uso residencial y combatir la proliferación de alquileres ilegales. La iniciativa busca también instar al Ayuntamiento a tomar medidas efectivas, siguiendo el ejemplo de Barcelona en la regulación del turismo residencial. Para más detalles, visita el enlace.
El Ministerio de Derechos Sociales ha iniciado el proceso de exposición pública para dos Reales decretos destinados a proteger a los animales de compañía y combatir el abandono. A partir del 24 de junio, se presentará un borrador que desarrolla 25 artículos de la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, aprobada en 2023. Este decreto busca regular la cría irregular de perros y gatos, garantizando la tenencia responsable mediante cursos de formación para futuros propietarios. Además, se implementará un sistema estatal para la identificación obligatoria de animales como perros, gatos y hurones, con el objetivo de mejorar su trazabilidad y control sanitario. Las partes interesadas podrán presentar sus aportaciones durante las próximas dos semanas antes de la aprobación final.
Pablo Bustinduy y Mónica García han iniciado la tramitación de un nuevo real decreto que garantizará comidas saludables en hospitales y residencias en España. Esta iniciativa, promovida por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo junto al Ministerio de Sanidad, busca asegurar una dieta nutritiva y sostenible para personas dependientes o con necesidades especiales. La normativa se encuentra en periodo de consulta pública hasta el 21 de junio de 2025, permitiendo a la ciudadanía y organizaciones realizar aportaciones. Este esfuerzo se alinea con políticas anteriores, como el real decreto de comedores escolares saludables. La propuesta responde a la necesidad de mejorar la calidad alimentaria en centros que atienden a poblaciones vulnerables, destacando la importancia de una alimentación adecuada para la salud y recuperación.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha anunciado un nuevo Real decreto para garantizar una alimentación saludable en hospitales y residencias de mayores. Esta normativa, que se implementará junto al Ministerio de Sanidad, busca regular la calidad nutricional y sostenibilidad de los alimentos en estos centros, siguiendo el modelo del reciente Real decreto sobre Comedores Escolares. La medida responde a la creciente demanda social por mejorar la alimentación en instituciones que atienden a personas dependientes. Se establecerán criterios mínimos para asegurar una dieta equilibrada y adaptada a las necesidades de los usuarios.
El Consejo de Ministros de España ha aprobado destinar 200 millones de euros para la protección de familias vulnerables y la atención a la pobreza infantil. Esta inversión, propuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, se asignará a gobiernos autonómicos para cubrir necesidades básicas como alimentación e higiene, así como para reforzar servicios sociales. Se priorizarán las familias monoparentales, numerosas y aquellas en zonas rurales. Además, se financiarán programas educativos y de ocio para niños durante las vacaciones, con el objetivo de mejorar su bienestar y facilitar la conciliación laboral y familiar. La iniciativa también incluye recursos para prevenir la violencia infantil y fortalecer los servicios sociales locales.
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El Ministerio de Derechos Sociales ha informado que el 56% de las prestaciones del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia se ofrecen en hogares y entornos cercanos, destacando un crecimiento del 54% en total desde 2020. La teleasistencia y la ayuda a domicilio han aumentado significativamente, con incrementos del 119% y 42,5%, respectivamente. Además, se ha reducido la lista de espera en un 2,4%, mientras que el número de personas atendidas ha crecido un 7,5%. La secretaria de Estado, Rosa Martínez, subraya la importancia de avanzar hacia un modelo más personalizado y flexible que responda a las necesidades individuales.
El Gobierno de España está adaptando el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para hacerlo más accesible y comprensible. Los ministerios de Derechos Sociales e Inclusión trabajan en la simplificación de la información y formularios, utilizando 'Lectura Fácil' para eliminar barreras del lenguaje burocrático. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, destacó que esta medida facilitará el acceso a quienes tienen dificultades de comprensión. Además, se implementarán servicios de videointerpretación en lengua de signos y accesibilidad auditiva. Este esfuerzo busca avanzar hacia una administración más cercana y accesible para todos los ciudadanos.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, junto con el Ministerio de Sanidad, ha iniciado la tramitación de un real decreto que garantizará comidas saludables en hospitales y residencias. Esta iniciativa busca mejorar la calidad alimentaria en estos centros y se encuentra en fase de consulta pública, permitiendo a la ciudadanía y profesionales realizar aportaciones a la norma.
La Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad ha denunciado ante la Fiscalía las declaraciones del Obispo Reig Pla, quien afirmó que la discapacidad es "herencia del pecado". Esta denuncia busca abrir diligencias por un discurso considerado inaceptable en democracia y que podría violar el artículo 510.2 del Código Penal. Además, se ha solicitado a la Conferencia Episcopal explicaciones sobre estas afirmaciones y se ha abierto un expediente informativo al respecto. El Ministerio de Derechos Sociales también ha presentado una queja al Defensor del Pueblo, enfatizando que los púlpitos deben promover el respeto a los derechos humanos y no estigmatizar a ningún grupo.
La lista de espera del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en España ha disminuido un 9,4%, lo que equivale a 18.832 personas menos desde marzo de 2024, alcanzando un total de 182.532 en espera. A pesar del aumento del 5,4% en las solicitudes, que ahora suman 2.195.095, el número de beneficiarios ha crecido a cifras récord, con 1.533.173 personas recibiendo prestaciones, un incremento del 7,6%. El Ministerio de Derechos Sociales ha presentado estos datos junto con el nuevo "Panel del SAAD", una herramienta destinada a monitorizar la evolución del sistema. A pesar de los avances, se destacan retos como la reducción del tiempo medio de resolución de solicitudes, actualmente en 338 días. La mayoría de los solicitantes son mujeres mayores de 80 años.
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