Pablo Bustinduy y Mónica García han iniciado la tramitación de un nuevo real decreto que garantizará comidas saludables en hospitales y residencias en España. Esta iniciativa, promovida por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo junto al Ministerio de Sanidad, busca asegurar una dieta nutritiva y sostenible para personas dependientes o con necesidades especiales. La normativa se encuentra en periodo de consulta pública hasta el 21 de junio de 2025, permitiendo a la ciudadanía y organizaciones realizar aportaciones. Este esfuerzo se alinea con políticas anteriores, como el real decreto de comedores escolares saludables. La propuesta responde a la necesidad de mejorar la calidad alimentaria en centros que atienden a poblaciones vulnerables, destacando la importancia de una alimentación adecuada para la salud y recuperación.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha anunciado un nuevo Real decreto para garantizar una alimentación saludable en hospitales y residencias de mayores. Esta normativa, que se implementará junto al Ministerio de Sanidad, busca regular la calidad nutricional y sostenibilidad de los alimentos en estos centros, siguiendo el modelo del reciente Real decreto sobre Comedores Escolares. La medida responde a la creciente demanda social por mejorar la alimentación en instituciones que atienden a personas dependientes. Se establecerán criterios mínimos para asegurar una dieta equilibrada y adaptada a las necesidades de los usuarios.
El Consejo de Ministros de España ha aprobado destinar 200 millones de euros para la protección de familias vulnerables y la atención a la pobreza infantil. Esta inversión, propuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, se asignará a gobiernos autonómicos para cubrir necesidades básicas como alimentación e higiene, así como para reforzar servicios sociales. Se priorizarán las familias monoparentales, numerosas y aquellas en zonas rurales. Además, se financiarán programas educativos y de ocio para niños durante las vacaciones, con el objetivo de mejorar su bienestar y facilitar la conciliación laboral y familiar. La iniciativa también incluye recursos para prevenir la violencia infantil y fortalecer los servicios sociales locales.
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La Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad ha denunciado ante la Fiscalía las declaraciones del Obispo Reig Pla, quien afirmó que la discapacidad es "herencia del pecado". Esta denuncia busca abrir diligencias por un discurso considerado inaceptable en democracia y que podría violar el artículo 510.2 del Código Penal. Además, se ha solicitado a la Conferencia Episcopal explicaciones sobre estas afirmaciones y se ha abierto un expediente informativo al respecto. El Ministerio de Derechos Sociales también ha presentado una queja al Defensor del Pueblo, enfatizando que los púlpitos deben promover el respeto a los derechos humanos y no estigmatizar a ningún grupo.
La lista de espera del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en España ha disminuido un 9,4%, lo que equivale a 18.832 personas menos desde marzo de 2024, alcanzando un total de 182.532 en espera. A pesar del aumento del 5,4% en las solicitudes, que ahora suman 2.195.095, el número de beneficiarios ha crecido a cifras récord, con 1.533.173 personas recibiendo prestaciones, un incremento del 7,6%. El Ministerio de Derechos Sociales ha presentado estos datos junto con el nuevo "Panel del SAAD", una herramienta destinada a monitorizar la evolución del sistema. A pesar de los avances, se destacan retos como la reducción del tiempo medio de resolución de solicitudes, actualmente en 338 días. La mayoría de los solicitantes son mujeres mayores de 80 años.
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