El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado la financiación de 35 proyectos innovadores con un total de 56 millones de euros, cofinanciados por el Fondo Social Europeo, para transformar el modelo de cuidados en la comunidad. Esta inversión reafirma al Ministerio como líder en innovación social pública y busca consolidar reformas en las leyes de Dependencia y Discapacidad. Entre los proyectos destacados se encuentra el Proyecto CASA, que apoya a niños en riesgo, y una iniciativa que facilita el acceso a viviendas para personas mayores. Además, se ha presentado la 'Cartera de innovaciones', que reúne aprendizajes de iniciativas previas para mejorar políticas públicas y acelerar cambios en el modelo de cuidados. La Plataforma Vidas también se establece como un espacio colaborativo para interrelacionar estos proyectos.
La lista de espera del Sistema de Dependencia en España ha disminuido casi un 20% en el último año, alcanzando un total de 152.693 personas a la espera de una prestación. Según el Panel del SAAD publicado por Derechos Sociales, este descenso se traduce en 34.469 personas menos en comparación con diciembre de 2024 y un notable 51% desde 2020. Además, el número de beneficiarios que reciben atención ha alcanzado un récord histórico, con 1.635.462 personas atendidas, lo que representa un incremento del 9,4% respecto al año anterior. La financiación del sistema ha crecido un 150% en cinco años, superando los 3.700 millones de euros. Esta mejora se produce en un contexto de aumento continuo de solicitudes debido a la presión demográfica, evidenciando la importancia del SAAD como pilar fundamental para garantizar derechos y atender las necesidades sociales emergentes.
El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y este año se pone especial énfasis en visibilizar la violencia de género hacia las mujeres mayores. A menudo, este grupo es olvidado en las discusiones sobre violencia de género, a pesar de ser vulnerable a diversas formas de abuso. Es crucial abordar esta problemática para garantizar una vida digna y segura para todas las mujeres, independientemente de su edad. La concienciación y la educación son fundamentales para erradicar estas situaciones y promover el respeto y la igualdad.
El Gobierno de España ha aprobado un decreto ley que destina 500 millones de euros para financiar la atención a personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y fortalecer el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. Esta normativa introduce el Grado III+, un nuevo nivel de dependencia extrema, asegurando atención personalizada las 24 horas para pacientes en fase avanzada. Cada paciente podrá recibir hasta 10.000 euros anuales, financiados al 50% por el Estado. Con esta medida, la inversión total en dependencia alcanza un récord de 3.729 millones de euros, mejorando así los servicios y apoyos necesarios para quienes padecen enfermedades complejas e irreversibles.
El 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer, una conmemoración establecida por Alzheimer’s Disease International (ADI) en 1994 durante su conferencia anual en Edimburgo. Este día tiene como objetivo aumentar la concienciación sobre la enfermedad de Alzheimer y sus efectos en los pacientes y sus familias. La fecha simboliza un llamado a la acción para mejorar la atención y el apoyo a quienes padecen esta enfermedad neurodegenerativa.
La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ha participado en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, donde se ha discutido la situación de los sistemas de cuidados y protección a la dependencia en Europa. Durante el evento, se abordó la inminente reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, aprobada por el Consejo de Ministros. Esta reforma busca transformar el sistema de dependencia para adaptarlo a los desafíos actuales, ofreciendo más prestaciones y servicios. Martínez destacó la importancia de fortalecer los servicios sociales como un pilar del Estado del bienestar y anunció una inversión récord para financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución de más de 375 millones de euros entre las comunidades autónomas para financiar programas de interés social. Esta asignación, que asciende a 375.746.226,25 euros, proviene del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades, y representa un incremento de más de 40 millones respecto al año anterior. La distribución se basará en criterios como la población dependiente y el riesgo de pobreza. Las entidades del Tercer Sector que cumplan con los requisitos podrán acceder a estas subvenciones gestionadas por los gobiernos autonómicos.
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Las principales patronales del sector de la dependencia, AESTE, ASADE, CEAPS, FED y LARES, han establecido un marco común para defender los intereses del sector y sus profesionales. Este acuerdo se produce en el contexto de la próxima negociación del IX Convenio Marco Estatal de la Dependencia y busca fortalecer la unidad sectorial, mejorar las condiciones laborales y asegurar una atención de calidad a las personas en situación de dependencia. Las organizaciones destacan la necesidad de colaboración con las administraciones públicas para implementar políticas que reconozcan el valor del sector como pilar del Estado del Bienestar.
El Gobierno de España ha aprobado una declaración institucional en el Consejo de Ministros para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, destacando la importancia de la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad. La declaración subraya la necesidad de implementar los mandatos del artículo 49 de la Constitución, buscando un consenso social similar al que respaldó la reforma constitucional en 2024. Se propone mejorar los servicios y apoyos para garantizar una vida autónoma a las personas con discapacidad, eliminando incompatibilidades entre prestaciones y promoviendo un modelo más personalizado y accesible. Además, se reconoce la accesibilidad universal como un derecho fundamental y se establecen medidas para asegurar el acceso a la vivienda y a la justicia para este colectivo.
Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, ha destacado en La Roda la necesidad de transformar el sistema de cuidados en un modelo basado en derechos y centrado en las personas. En su visita, subrayó que "cuidar y ser cuidados no debe ser un privilegio, sino un derecho que garantice igualdad y dignidad". Bustinduy enfatizó la importancia de mejorar la cooperación entre administraciones para ofrecer una atención personalizada y digna a quienes requieren apoyo. Además, mencionó la reciente aprobación de un decreto ley destinado a fortalecer el Sistema de Dependencia y garantizar prestaciones para personas con enfermedades avanzadas. El ministro también valoró el papel crucial de asociaciones en la mejora del sistema de cuidados.
El número de personas que recibe prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ha alcanzado un récord de más de 1,57 millones, lo que representa un aumento del 8,5% en comparación con el año anterior. Este crecimiento se produce en un contexto de creciente presión demográfica y aumento de solicitudes, que superan los 2,27 millones. Además, la lista de espera ha disminuido casi un 10%, situándose en 174.406 personas. Las mujeres mayores de 80 años constituyen el grupo mayoritario entre los solicitantes. El Ministerio de Derechos Sociales trabaja en mejorar el tiempo de tramitación y en reformar las leyes para garantizar una atención más personalizada y accesible.
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha solicitado al Ministerio de Derechos Sociales la creación de un plan integral para abordar el envejecimiento poblacional y la implementación de una Ley de Derechos de las Personas Mayores. Esta petición se realizó durante una reunión en la que participaron representantes del ministerio y de la PMP, quienes destacaron la importancia de adaptar las políticas a las necesidades reales de este grupo social. La PMP también apoyó reformas en leyes relacionadas con la autonomía personal y los derechos de las personas con discapacidad, subrayando la urgencia de aprobar normativas que garanticen un trato digno y accesible para los mayores. Además, hicieron un llamado a priorizar las necesidades de las personas mayores en áreas rurales y a fomentar su participación en decisiones institucionales.
En España, más de 600.000 personas, principalmente mujeres, trabajan en el sector de los cuidados bajo el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Sin embargo, enfrentan condiciones laborales precarias, con salarios significativamente bajos y una carga de trabajo excesiva. Un informe reciente destaca que el 85% del empleo en este sector es femenino, muchas trabajadoras sufren problemas de salud como dolor lumbar crónico y ansiedad, y los accidentes laborales son frecuentes. A pesar de su vocación, muchas abandonan el sector en busca de mejores condiciones en otras áreas, como la sanidad. Es urgente mejorar las condiciones laborales para dignificar esta labor esencial y asegurar la sostenibilidad del sistema ante el envejecimiento poblacional.
El Gobierno de España ha enviado al Congreso un proyecto de ley para reformar las leyes de Dependencia y Discapacidad, con el objetivo de ofrecer más servicios y prestaciones, reducir la burocracia y fomentar el uso de tecnología. Esta reforma garantiza la accesibilidad como derecho fundamental, permite a las personas con discapacidad trabajar mientras reciben prestaciones y amplía el catálogo de ayudas, incluyendo asistencia personal y teleasistencia universal. También se suprime el régimen de incompatibilidades en las prestaciones y se agilizan los procesos administrativos. Además, se destinarán 783,2 millones de euros a financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). La iniciativa busca mejorar la calidad del empleo en el sector y responder a los retos demográficos del país.
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