Del 13 al 17 de julio de 2026, se llevó a cabo en Ginebra la primera sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, un paso significativo hacia la creación de una Convención Internacional que proteja los derechos de este grupo. Durante el encuentro, representantes de diversos sectores discutieron la estructura y los principios de la futura convención, destacando la importancia de basarse en recomendaciones y estándares existentes. Se abordaron temas como la discriminación por edad y la necesidad de mecanismos efectivos para garantizar derechos. La reunión concluyó con una hoja de ruta para avanzar en el proceso, incluyendo consultas y la elaboración de un borrador para su discusión en futuras sesiones. HelpAge International España celebró estos avances y reafirmó la necesidad de asegurar dignidad y participación para las personas mayores.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha reivindicado un "Sáhara libre" y el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui durante un encuentro con niños y niñas participantes en el programa 'Vacaciones en paz'. Este programa permite que alrededor de 2.800 menores de los campamentos de refugiados saharauis pasen los meses de verano en España. Rego destacó el compromiso de las familias de acogida, quienes ofrecen a estos niños una experiencia digna y valiosa, subrayando la deuda histórica que tiene España con el pueblo saharaui.
El Gobierno español revocará, a título póstumo, la Gran Cruz de Sanidad otorgada al psiquiatra Antonio Vallejo Nájera debido a su implicación en la represión durante el régimen franquista. Esta decisión, que será aprobada por el Consejo de Ministros el 7 de julio, se fundamenta en la incompatibilidad del legado de Vallejo Nájera con los valores democráticos y éticos actuales. Su trabajo en psiquiatría fue utilizado para justificar políticas de persecución y control social, afectando a personas por su ideología o características sociales. La revocación representa un acto de memoria y justicia hacia las víctimas de estas prácticas, reafirmando el compromiso del Sistema Nacional de Salud con los derechos humanos y la dignidad.
La UNED Calatayud, en colaboración con HelpAge International España, llevará a cabo del 29 de junio al 1 de julio de 2026 el curso de verano titulado «Vivir más, vivir mejor: claves y desafíos de la longevidad en una sociedad que envejece». Este evento se centrará en los retos del envejecimiento poblacional desde la perspectiva de los derechos humanos, abordando temas como el cuidado, las políticas públicas y la lucha contra el edadismo. El curso ofrecerá un total de 1 crédito ECTS y se podrá seguir tanto presencialmente en Calatayud como online. Expertos en diversas disciplinas participarán en ponencias y mesas redondas para discutir sobre la calidad de vida y los derechos de las personas mayores. La matrícula con precio bonificado estará abierta hasta el 1 de julio de 2026.
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha aprobado criterios para distribuir 39 millones de euros destinados al Plan de Acción de Salud Mental y 17,83 millones para la prevención del suicidio en 2026. Los proyectos deben centrarse en derechos humanos, equidad y atención comunitaria, priorizando a colectivos vulnerables. Se financiarán iniciativas como centros de día y programas de hospitalización domiciliaria, mientras que no se apoyarán proyectos que aumenten camas o reformas hospitalarias. Además, se busca reducir desigualdades sociales en salud mental y fomentar la participación activa de usuarios y familiares en la toma de decisiones. Estos fondos son parte de la Estrategia de Salud Mental 2022-2026.
Hoy, 26 de marzo de 2026, Noelia Castillo Ramos, una joven barcelonesa de 25 años, recibirá la prestación de ayuda a morir en Cataluña tras un largo y complejo proceso judicial de más de dos años. Parapléjica desde 2022 tras una caída desde un quinto piso, Noelia ha luchado con determinación para ejercer su derecho a una muerte digna ante un sufrimiento físico y psicológico que ella describía como insoportable.
España ha reafirmado su compromiso con una Convención de la ONU sobre los derechos de las personas mayores durante una jornada en el IMSERSO. La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, destacó que envejecer debe ser considerado un derecho humano y no solo una cuestión asistencial. Se subrayó la necesidad de un marco jurídico internacional específico para proteger a este grupo demográfico, que representará un tercio de la población española para 2050. La jornada incluyó la participación del movimiento asociativo y expertos académicos, quienes enfatizaron la urgencia de establecer esta convención para garantizar los derechos de las personas mayores. España liderará las políticas globales de envejecimiento en la próxima reunión en Ginebra, programada para febrero.
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HelpAge International España celebra la reciente reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que promueve un sistema de cuidados más flexible y respetuoso con los derechos individuales. Esta reforma permite la compatibilidad entre prestaciones y servicios, fortalece la asistencia personal y amplía los apoyos en el entorno comunitario. Además, reconoce la teleasistencia como un derecho y mejora el concepto de persona cuidadora no profesional, abarcando también a quienes no están en el ámbito familiar. La presidenta de HelpAge destaca que este cambio no solo modifica un texto legal, sino que transforma la comprensión del envejecimiento y los cuidados, enfatizando la necesidad de implementar estos cambios con financiación adecuada y servicios accesibles. La organización ve esta reforma como una oportunidad para construir un sistema de cuidados que garantice autonomía e inclusión social para las personas mayores.
Iberoamérica ha aprobado la Carta de Cuidados y Apoyos durante la IV Conferencia de Ministros de Asuntos Sociales y Desarrollo Inclusivo en Avilés. Este documento establece un marco común para situar los cuidados en el centro de las políticas públicas, reconociendo el cuidado como un derecho y un bien público esencial. La carta promueve principios de derechos humanos, igualdad de género e inclusión, y busca fortalecer los sistemas de cuidados en la región mediante la colaboración entre países. Se destaca la importancia de dignificar el trabajo de cuidados y redistribuir responsabilidades entre administraciones, familias y la sociedad civil.
En 2025, un total de 565 personas en España recibieron ayuda para morir bajo la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, lo que representa el 0,13% de los fallecimientos en el país. Desde la implementación de la ley en 2021, se han registrado un total de 1.668 casos. Cataluña lideró las solicitudes con una tasa de 6,14 por cada 100.000 habitantes. Las enfermedades neurológicas fueron la causa principal de las prestaciones efectivas, a pesar de que las patologías oncológicas predominan en las solicitudes iniciales. La jornada celebrada por el Ministerio de Sanidad destacó la necesidad de seguir avanzando en este derecho y comparó los datos españoles con otros países donde la eutanasia es legal.
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha solicitado un compromiso político para la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores antes de 2030. En una jornada celebrada en el Congreso, se destacó la necesidad de que España adopte un papel activo en este proceso internacional y se desarrollen medidas internas, como una Ley Integral de Derechos para mayores. Los participantes enfatizaron que la Convención puede ser clave para combatir el edadismo y garantizar derechos fundamentales, promoviendo una sociedad más justa e igualitaria. A pesar de un contexto internacional complejo, España reafirmó su compromiso con el desarrollo de esta Convención, buscando transformar políticas y legislación en favor de la dignidad y los derechos de las personas mayores.
La jornada organizada por la Fundación HelpAge International en Madrid destacó la insuficiente protección de los derechos de las personas mayores en diversos sistemas regionales, como América, África y Europa. Expertos y representantes institucionales abogaron por un enfoque centrado en los derechos humanos, subrayando la necesidad de una convención internacional específica para este grupo. Se analizaron los avances y desafíos en la implementación de normativas existentes, así como la urgencia de abordar problemas estructurales que afectan a las personas mayores, especialmente a las mujeres. Los participantes coincidieron en la importancia de ratificar instrumentos internacionales y garantizar una participación efectiva de este colectivo en los procesos que les conciernen.
El Informe Anual de Resultados 2025 del Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores (SEAM) revela preocupantes hallazgos sobre la discriminación por edad en diversos ámbitos. Presentado en el Ministerio de Igualdad, el informe destaca que durante 2025 se atendieron 658 consultas, siendo los temas más comunes la información sobre prestaciones y servicios, el abuso y maltrato, y los cuidados. Se documentan vulneraciones de derechos en salud, empleo y consumo, incluyendo internamientos injustificados y jubilaciones forzosas encubiertas. El SEAM propone recomendaciones para mejorar la protección de los derechos de las personas mayores, abogando por una Ley Integral que garantice su bienestar y dignidad.
El Imserso ha inaugurado una jornada sobre la futura Convención Internacional para los Derechos de las Personas Mayores, destacando la importancia del envejecimiento como un tema de derechos humanos. La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, enfatizó la necesidad de planificar políticas públicas ante el aumento de la población mayor. Se abordaron temas como la presión sobre el sistema de pensiones y la promoción de la autonomía personal. La reunión organizativa del Grupo de trabajo intergubernamental se llevará a cabo en Ginebra en febrero, donde España liderará las políticas globales de envejecimiento.
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