derechos humanos

España ha reafirmado su compromiso con una Convención de la ONU sobre los derechos de las personas mayores durante una jornada en el IMSERSO. La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, destacó que envejecer debe ser considerado un derecho humano y no solo una cuestión asistencial. Se subrayó la necesidad de un marco jurídico internacional específico para proteger a este grupo demográfico, que representará un tercio de la población española para 2050. La jornada incluyó la participación del movimiento asociativo y expertos académicos, quienes enfatizaron la urgencia de establecer esta convención para garantizar los derechos de las personas mayores. España liderará las políticas globales de envejecimiento en la próxima reunión en Ginebra, programada para febrero.

España ha reafirmado su compromiso con la creación de una Convención de la ONU que proteja los derechos de las personas mayores durante una jornada en el IMSERSO. La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, destacó que envejecer es un derecho humano y subrayó la importancia de garantizar dignidad y autonomía a este grupo poblacional. Se enfatizó la necesidad de un marco jurídico internacional específico, ya que se prevé que para 2050, las personas mayores representen un tercio de la población española. La jornada también contó con la participación del movimiento asociativo y expertos académicos, quienes abogaron por una mayor inclusión y participación en el proceso de redacción de la Convención. Las próximas reuniones intergubernamentales se llevarán a cabo en Ginebra, donde España buscará liderar políticas globales sobre envejecimiento.

El artículo de la Revista Actas de Fundación Caser aborda el edadismo en el entorno sanitario y sociosanitario, destacando su impacto como una forma de discriminación que afecta desproporcionadamente a las personas mayores. Se analiza cómo esta práctica estructural influye en el acceso a servicios, la calidad de atención y el respeto a la autonomía personal. A pesar de los marcos legales existentes, persisten actitudes que perpetúan un trato diferenciado basado en prejuicios sobre la fragilidad o incapacidad de los mayores. Se presentan evidencias del Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores, que revela patrones recurrentes de vulneración de derechos. El artículo concluye con recomendaciones para erradicar el edadismo institucional y promover un modelo de atención centrado en los derechos humanos, garantizando dignidad e igualdad para las personas mayores.

La ONU alerta sobre el alarmante aumento del feminicidio, con una mujer asesinada cada 10 minutos en 2024, lo que equivale a aproximadamente 50.000 víctimas anuales a manos de parejas íntimas o familiares. Este fenómeno se ve impulsado por la discriminación de género, relaciones de poder desiguales y normas sociales dañinas. El informe destaca que el feminicidio es la forma más extrema de violencia contra mujeres y niñas, con un impacto global que afecta a todos los países, siendo África la región con las cifras más altas. La ONU trabaja para fortalecer leyes y políticas públicas que aborden esta crisis y promueve la igualdad de género como parte de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revela que 840 millones de mujeres han sufrido violencia sexual o de pareja a lo largo de sus vidas, una cifra alarmante que apenas ha cambiado en las últimas dos décadas. En el último año, 316 millones de mujeres experimentaron violencia física o sexual por parte de sus parejas. A pesar del creciente reconocimiento del problema, la financiación para prevenir esta violencia está disminuyendo, justo cuando las necesidades aumentan. El informe destaca la urgencia de implementar políticas efectivas y destinar recursos para abordar esta crisis, especialmente en contextos vulnerables y entre grupos marginados. La OMS y otros organismos instan a los gobiernos a actuar con decisión para garantizar un mundo más seguro y equitativo para todas las mujeres y niñas.

La Fundación Mutualidad, a través de su Directora General Blanca Narváez, enfatiza la importancia de abordar el edadismo en el ámbito jurídico para garantizar la autonomía, igualdad y dignidad de las personas mayores. El Plan Estratégico 2024-2027 establece diez objetivos, enfocándose en erradicar el edadismo y proteger a este colectivo vulnerable. La fundación promueve una cultura del ahorro y educación financiera como herramientas clave para la inclusión y empoderamiento social. Además, se desarrollan iniciativas como cursos sobre los derechos de las personas mayores para profesionales del derecho, con el fin de mejorar su atención y defensa legal. La figura del "experto facilitador" se propone como solución para superar barreras digitales que limitan el acceso a la justicia. Este enfoque integral busca no solo visibilizar los derechos de las personas mayores, sino también fomentar un ecosistema colaborativo que beneficie a toda la sociedad.

En Gaza, al menos 21.000 de los 40.500 niños afectados por la guerra han quedado discapacitados debido a bombardeos y agresiones militares en los últimos dos años. Un informe del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad destaca que estos niños enfrentan condiciones de evacuación inseguras y carecen de servicios esenciales, lo que ha llevado a un aumento en la mortalidad entre ellos. Además, se estima que entre 480.000 y 485.000 personas en Gaza sufren problemas de salud mental o discapacidad psicosocial, siendo la mayoría niños. La falta de acceso a ayuda humanitaria agrava la situación, dejando a muchas personas con discapacidad sin alimentos ni atención médica adecuada. El Comité hace un llamado urgente para garantizar corredores seguros y mejorar el acceso a suministros esenciales para quienes más lo necesitan.

El Imserso ha inaugurado una jornada sobre la futura Convención Internacional para los Derechos de las Personas Mayores, destacando la importancia del envejecimiento como un tema de derechos humanos. La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, enfatizó la necesidad de planificar políticas públicas ante el aumento de la población mayor. Se abordaron temas como la presión sobre el sistema de pensiones y la promoción de la autonomía personal. La reunión organizativa del Grupo de trabajo intergubernamental se llevará a cabo en Ginebra en febrero, donde España liderará las políticas globales de envejecimiento.

La Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) ha lanzado su primera Estrategia de Cooperación Feminista, un avance crucial para abordar el retroceso en los derechos de mujeres y niñas a nivel global. Esta estrategia establece que la igualdad de género es fundamental para el desarrollo sostenible y la justicia social, convirtiendo el feminismo en el eje central de la cooperación española. Se centra en cuatro pilares: derechos, representación, recursos y alianzas, buscando empoderar a mujeres y niñas para vivir libres de violencia y participar en decisiones clave. Además, adopta un enfoque interseccional que reconoce las diversas experiencias de desigualdad que enfrentan las mujeres, incluyendo a las mayores. La estrategia se alinea con la Ley 1/2023, reforzando la igualdad de género como base de la cooperación internacional.

La respuesta mundial al VIH enfrenta su mayor retroceso en décadas, según ONUSIDA. La disminución drástica de la financiación y el deterioro de los derechos humanos están interrumpiendo servicios vitales de prevención y tratamiento en numerosos países. En su informe del Día Mundial del Sida 2025, ONUSIDA destaca que la ayuda internacional podría caer entre un 30 % y un 40 % para 2025, afectando gravemente a las poblaciones vulnerables. Los programas de prevención han sufrido interrupciones significativas, con caídas en el acceso a tratamientos y pruebas en varios países. Además, se observa un aumento en las leyes punitivas que afectan a grupos marginados. Ante esta crisis, ONUSIDA hace un llamado a los líderes mundiales para reafirmar su compromiso con la financiación y los derechos humanos, advirtiendo que millones de vidas dependen de estas decisiones.

Un informe de UNICEF revela que aproximadamente 610 millones de niños en el mundo viven en hogares donde sus madres sufren violencia de pareja. Esta situación afecta especialmente a regiones como Oceanía, África subsahariana y Asia Central, donde la violencia es una realidad cotidiana. La exposición a este tipo de violencia no solo pone en riesgo los derechos de las mujeres, sino que también impacta negativamente el desarrollo y bienestar infantil, aumentando la probabilidad de que los niños repitan patrones violentos en el futuro. UNICEF insta a los gobiernos a implementar estrategias integrales para combatir tanto la violencia contra las mujeres como la que sufren los niños, resaltando que esta problemática debe ser abordada como una emergencia global.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha solicitado al PSOE su apoyo para impulsar una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores. En una reunión con Milagros Tolón, secretaria de Políticas Sociales del PSOE, se discutieron las prioridades para proteger los derechos y el bienestar de las personas mayores y con discapacidad. La PMP destacó la necesidad de recursos adecuados y mecanismos efectivos para garantizar dignidad, autonomía e igualdad. También se abordaron reformas legislativas pendientes, incluyendo la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, la PMP propuso un Plan Integral ante el envejecimiento y presentó propuestas sobre suficiencia económica, brecha digital, vivienda y violencia de género.

La igualdad de género es un derecho fundamental que puede transformar la economía global, según un informe de ONU Mujeres. A pesar de algunos avances en educación y salud, se estima que 351 millones de mujeres y niñas vivirán en pobreza extrema para 2030 si no se toman medidas urgentes. Invertir en igualdad podría añadir 1,5 billones de dólares al PIB mundial en cinco años y generar beneficios acumulados de 342 billones hacia 2050. El informe destaca la necesidad de aumentar la representación femenina en el liderazgo y subraya que la igualdad no es solo una cuestión de justicia, sino esencial para el desarrollo sostenible y los derechos humanos.

Más de mil millones de personas en el mundo sufren trastornos de salud mental, según la Organización Mundial de la Salud. A pesar de que algunos países han mejorado sus políticas, el gasto público en salud mental sigue siendo solo el 2% del presupuesto total en salud, con grandes disparidades entre naciones. La depresión y la ansiedad son las afecciones más comunes, generando costos económicos significativos. Se estima que estas condiciones cuestan alrededor de un billón de dólares anuales a la economía global. Aunque se han implementado iniciativas para integrar la salud mental en la atención primaria, menos del 10% de los países ha completado la transición a modelos comunitarios. La falta de inversión y leyes adecuadas sigue siendo un desafío crítico en este ámbito.