derechos humanos

La ONU alerta sobre el alarmante aumento del feminicidio, con una mujer asesinada cada 10 minutos en 2024, lo que equivale a aproximadamente 50.000 víctimas anuales a manos de parejas íntimas o familiares. Este fenómeno se ve impulsado por la discriminación de género, relaciones de poder desiguales y normas sociales dañinas. El informe destaca que el feminicidio es la forma más extrema de violencia contra mujeres y niñas, con un impacto global que afecta a todos los países, siendo África la región con las cifras más altas. La ONU trabaja para fortalecer leyes y políticas públicas que aborden esta crisis y promueve la igualdad de género como parte de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revela que 840 millones de mujeres han sufrido violencia sexual o de pareja a lo largo de sus vidas, una cifra alarmante que apenas ha cambiado en las últimas dos décadas. En el último año, 316 millones de mujeres experimentaron violencia física o sexual por parte de sus parejas. A pesar del creciente reconocimiento del problema, la financiación para prevenir esta violencia está disminuyendo, justo cuando las necesidades aumentan. El informe destaca la urgencia de implementar políticas efectivas y destinar recursos para abordar esta crisis, especialmente en contextos vulnerables y entre grupos marginados. La OMS y otros organismos instan a los gobiernos a actuar con decisión para garantizar un mundo más seguro y equitativo para todas las mujeres y niñas.

La Fundación Mutualidad, a través de su Directora General Blanca Narváez, enfatiza la importancia de abordar el edadismo en el ámbito jurídico para garantizar la autonomía, igualdad y dignidad de las personas mayores. El Plan Estratégico 2024-2027 establece diez objetivos, enfocándose en erradicar el edadismo y proteger a este colectivo vulnerable. La fundación promueve una cultura del ahorro y educación financiera como herramientas clave para la inclusión y empoderamiento social. Además, se desarrollan iniciativas como cursos sobre los derechos de las personas mayores para profesionales del derecho, con el fin de mejorar su atención y defensa legal. La figura del "experto facilitador" se propone como solución para superar barreras digitales que limitan el acceso a la justicia. Este enfoque integral busca no solo visibilizar los derechos de las personas mayores, sino también fomentar un ecosistema colaborativo que beneficie a toda la sociedad.

En Gaza, al menos 21.000 de los 40.500 niños afectados por la guerra han quedado discapacitados debido a bombardeos y agresiones militares en los últimos dos años. Un informe del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad destaca que estos niños enfrentan condiciones de evacuación inseguras y carecen de servicios esenciales, lo que ha llevado a un aumento en la mortalidad entre ellos. Además, se estima que entre 480.000 y 485.000 personas en Gaza sufren problemas de salud mental o discapacidad psicosocial, siendo la mayoría niños. La falta de acceso a ayuda humanitaria agrava la situación, dejando a muchas personas con discapacidad sin alimentos ni atención médica adecuada. El Comité hace un llamado urgente para garantizar corredores seguros y mejorar el acceso a suministros esenciales para quienes más lo necesitan.

La creación del Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG) en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas representa un avance significativo en la protección de los derechos de las personas mayores. Este grupo se encargará de redactar un tratado internacional vinculante que podría convertirse en una convención específica para este colectivo. La primera reunión está programada para febrero de 2026, donde se establecerán la estructura y el funcionamiento del grupo. Es esencial que el proceso sea inclusivo, garantizando la participación activa de la sociedad civil y de las personas mayores desde el inicio. Se destacan acciones como promover la participación de organizaciones acreditadas, asegurar que se escuchen las voces diversas de las personas mayores y facilitar el acceso a los debates del IGWG para fomentar la transparencia y representatividad en el proceso.

El reciente informe de la ONU revela que la violencia sexual se utiliza como arma en conflictos, afectando a más de 4600 personas en 2024, un aumento del 25% respecto al año anterior. Las mujeres y niñas constituyen el 92% de las víctimas, aunque también hay hombres y niños afectados. Los patrones de violencia se han documentado en 21 países, incluyendo Ucrania y los territorios palestinos, donde el acceso para verificar denuncias ha sido limitado. El informe destaca la necesidad urgente de apoyo para las víctimas, quienes enfrentan estigmas y exclusión socioeconómica. Se insta a tomar medidas efectivas para prevenir estos crímenes y garantizar la rendición de cuentas.

La crisis en Gaza ha dejado a aproximadamente 10.000 recién nacidos sin existencia legal, conocidos como "bebés fantasmas", debido a la interrupción del registro de nacimientos por el conflicto y el colapso de infraestructuras. Según la ONU, esta situación limita su acceso a servicios básicos como salud y educación, y aumenta su vulnerabilidad a la explotación. La falta de registros oficiales puede agravar los ciclos de marginación y apatridia en una sociedad ya frágil. Además, la guerra ha causado la muerte de más de 17.000 niños en los últimos 21 meses, con un promedio de 28 muertes diarias. Organismos humanitarios advierten sobre el impacto devastador que esto tiene en la infancia y la reunificación familiar en medio del conflicto.

Un informe de UNICEF revela que aproximadamente 610 millones de niños en el mundo viven en hogares donde sus madres sufren violencia de pareja. Esta situación afecta especialmente a regiones como Oceanía, África subsahariana y Asia Central, donde la violencia es una realidad cotidiana. La exposición a este tipo de violencia no solo pone en riesgo los derechos de las mujeres, sino que también impacta negativamente el desarrollo y bienestar infantil, aumentando la probabilidad de que los niños repitan patrones violentos en el futuro. UNICEF insta a los gobiernos a implementar estrategias integrales para combatir tanto la violencia contra las mujeres como la que sufren los niños, resaltando que esta problemática debe ser abordada como una emergencia global.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha solicitado al PSOE su apoyo para impulsar una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores. En una reunión con Milagros Tolón, secretaria de Políticas Sociales del PSOE, se discutieron las prioridades para proteger los derechos y el bienestar de las personas mayores y con discapacidad. La PMP destacó la necesidad de recursos adecuados y mecanismos efectivos para garantizar dignidad, autonomía e igualdad. También se abordaron reformas legislativas pendientes, incluyendo la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, la PMP propuso un Plan Integral ante el envejecimiento y presentó propuestas sobre suficiencia económica, brecha digital, vivienda y violencia de género.

La igualdad de género es un derecho fundamental que puede transformar la economía global, según un informe de ONU Mujeres. A pesar de algunos avances en educación y salud, se estima que 351 millones de mujeres y niñas vivirán en pobreza extrema para 2030 si no se toman medidas urgentes. Invertir en igualdad podría añadir 1,5 billones de dólares al PIB mundial en cinco años y generar beneficios acumulados de 342 billones hacia 2050. El informe destaca la necesidad de aumentar la representación femenina en el liderazgo y subraya que la igualdad no es solo una cuestión de justicia, sino esencial para el desarrollo sostenible y los derechos humanos.

Más de mil millones de personas en el mundo sufren trastornos de salud mental, según la Organización Mundial de la Salud. A pesar de que algunos países han mejorado sus políticas, el gasto público en salud mental sigue siendo solo el 2% del presupuesto total en salud, con grandes disparidades entre naciones. La depresión y la ansiedad son las afecciones más comunes, generando costos económicos significativos. Se estima que estas condiciones cuestan alrededor de un billón de dólares anuales a la economía global. Aunque se han implementado iniciativas para integrar la salud mental en la atención primaria, menos del 10% de los países ha completado la transición a modelos comunitarios. La falta de inversión y leyes adecuadas sigue siendo un desafío crítico en este ámbito.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que establece la capacidad ordinaria de acogida para niños y niñas migrantes no acompañados en las Comunidades Autónomas. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha calificado esta medida como un avance crucial para garantizar los derechos de la infancia migrante. Se establece una ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes en el país, y se activa un protocolo de traslados si las comunidades multiplican por tres su capacidad. Esta normativa busca asegurar una acogida digna y solidaria para los menores que llegan solos a España.

La situación en Gaza es crítica, con hospitales desbordados por el aumento de heridos debido a la violencia y el surgimiento de enfermedades raras como el síndrome de Guillain-Barré. La Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios informa que los centros médicos están al borde del colapso, mientras que la escasez de alimentos se agrava, afectando a más de 500,000 personas en riesgo de hambruna. Solo un 1.5% de las tierras cultivables son accesibles, lo que contribuye a una crisis alimentaria sin precedentes. Expertos en derechos humanos piden la restauración del sistema humanitario de la ONU y denuncian el uso de la hambruna como arma de guerra. La comunidad internacional debe actuar urgentemente para proteger a la población palestina y garantizar el acceso a ayuda humanitaria efectiva.

HelpAge International España ha celebrado la reciente aprobación por parte del Consejo de Ministros de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, una demanda histórica del movimiento social de personas mayores. Isabel Martínez, presidenta de HelpAge, destacó que esta reforma busca mejorar el acceso a cuidados dignos y eliminar incompatibilidades entre prestaciones, permitiendo a las personas mayores acceder a apoyos complementarios. Entre los aspectos positivos se incluyen el reconocimiento automático de la discapacidad, la ampliación de la ayuda a domicilio y la consideración de derechos como la teleasistencia. A pesar de estos avances, HelpAge enfatiza la necesidad de seguir trabajando hacia una ley integral que garantice efectivamente los derechos de las personas mayores.