El IMSERSO inicia la temporada 2025-2026 con el objetivo de facilitar viajes a pensionistas con rentas bajas. Se enviarán cartas de acreditación a más de 4 millones de pensionistas en España, permitiéndoles reservar viajes por solo 50 euros. Este programa incluye más de 7.400 plazas y busca fomentar el envejecimiento activo y prevenir la soledad entre mayores. Además, se permitirá viajar con mascotas en rutas específicas. La comercialización comenzará el 6 y 8 de octubre, dependiendo de la comunidad autónoma, contribuyendo también a la actividad económica del sector turístico.
La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ha participado en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, donde se ha discutido la situación de los sistemas de cuidados y protección a la dependencia en Europa. Durante el evento, se abordó la inminente reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, aprobada por el Consejo de Ministros. Esta reforma busca transformar el sistema de dependencia para adaptarlo a los desafíos actuales, ofreciendo más prestaciones y servicios. Martínez destacó la importancia de fortalecer los servicios sociales como un pilar del Estado del bienestar y anunció una inversión récord para financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
El Consejo de Ministros de España ha aprobado una contribución de 925.000 euros a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) con el fin de reforzar la protección y asistencia a refugiados en Palestina, especialmente a personas con discapacidad en Cisjordania afectadas por los ataques israelíes. Esta ayuda, propuesta por el ministro Pablo Bustinduy, se suma a los 860.000 euros destinados el año anterior y busca mejorar el acceso a servicios esenciales, incluyendo atención psicosocial y rehabilitación. La partida incluye aportaciones del Real Patronato de Discapacidad y refleja un incremento significativo en las contribuciones voluntarias del Gobierno español a la UNRWA desde 2023.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, advirtió que la crisis climática podría agravar las desigualdades sociales, especialmente entre las personas mayores. Durante la presentación de un estudio en la Universidad de Barcelona, se reveló que más del 90% de las muertes relacionadas con temperaturas extremas en los últimos cinco años han afectado a mayores de 65 años. Este informe destaca la vulnerabilidad social ante el cambio climático y su impacto en los grupos más desfavorecidos.
El Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, ha anunciado la transferencia de más de 783 millones de euros a los gobiernos autonómicos para financiar la Dependencia en 2025. Esta cifra representa la mayor inversión histórica en este ámbito y se destina a mejorar los servicios de atención a personas dependientes. La financiación se basa en criterios demográficos y técnicos establecidos en un Plan de Choque, y incluye diferentes fondos que valoran aspectos como la gestión y el cumplimiento de objetivos. Además, se ha alcanzado un preacuerdo para distribuir subvenciones del 0,7% de la renta destinadas a combatir la pobreza y la exclusión social.
El Ministerio de Derechos Sociales ha lanzado un nuevo servicio que facilita la comunicación para personas sordas y aquellas con dificultades en el habla. Este canal de atención escrita permitirá una comunicación telefónica accesible, mejorando así la inclusión y los derechos de estas personas.
El Ministerio de Consumo se une a autoridades de 35 países en una iniciativa para combatir el "ecopostureo" de las aerolíneas, también conocido como "greenwashing". Esta acción busca garantizar que las comunicaciones de estas compañías sean veraces, claras y respaldadas por pruebas científicas sólidas. La medida se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio para promover la transparencia y la sostenibilidad en el sector aéreo.
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El Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, ha otorgado ayudas directas al estudio a 1.113 personas con discapacidad a través del Programa Reina Letizia para la Inclusión, con un presupuesto de 5.176.882 euros. Estas ayudas están diseñadas para eliminar barreras en la educación y proporcionar recursos como asistencia personal, intérpretes de lengua de signos y apoyo tecnológico, permitiendo que los beneficiarios continúen su formación en diversos niveles educativos. Se presta especial atención a grupos vulnerables, incluyendo mujeres con discapacidad y personas con grandes necesidades de apoyo. La iniciativa busca promover la inclusión educativa y mejorar las oportunidades laborales para las personas con discapacidad en España.
El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución de más de 375 millones de euros entre las comunidades autónomas para financiar programas de interés social. Esta asignación, que asciende a 375.746.226,25 euros, proviene del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades, y representa un incremento de más de 40 millones respecto al año anterior. La distribución se basará en criterios como la población dependiente y el riesgo de pobreza. Las entidades del Tercer Sector que cumplan con los requisitos podrán acceder a estas subvenciones gestionadas por los gobiernos autonómicos.
El Gobierno de España ha enviado al Congreso un proyecto de ley para reformar las leyes de Dependencia y Discapacidad, con el objetivo de ofrecer más servicios y prestaciones, reducir la burocracia y fomentar el uso de tecnología. Esta reforma garantiza la accesibilidad como derecho fundamental, permite a las personas con discapacidad trabajar mientras reciben prestaciones y amplía el catálogo de ayudas, incluyendo asistencia personal y teleasistencia universal. También se suprime el régimen de incompatibilidades en las prestaciones y se agilizan los procesos administrativos. Además, se destinarán 783,2 millones de euros a financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). La iniciativa busca mejorar la calidad del empleo en el sector y responder a los retos demográficos del país.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se ha unido al manifiesto de la campaña Clean Cities, promovida por ECODES, con el objetivo de avanzar hacia municipios más habitables y saludables. Esta iniciativa busca frenar la crisis climática mediante medidas que mejoren la movilidad y el espacio público, priorizando los derechos sociales de los ciudadanos. El ministro Pablo Bustinduy destacó la necesidad de abordar las desigualdades en la respuesta a la crisis climática, mientras que el director de ECODES enfatizó la importancia de vivir en ciudades que promuevan el bienestar y la salud. La campaña propone soluciones como infraestructuras sostenibles, transporte limpio y espacios verdes para mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones urbanas.
El Ministerio de Derechos Sociales de España anunciará la creación de un centro de innovación social, como parte del proyecto europeo BIRDS, para abordar retos relacionados con la tecnología en el ámbito de los cuidados. Este centro se enfocará en desarrollar soluciones innovadoras y sostenibles, incluyendo asistentes virtuales, domótica accesible y plataformas de teleasistencia. La secretaria de Estado, Rosa Martínez, destacó la importancia de integrar tecnología e innovación social para mejorar la calidad de vida y la autonomía de personas con necesidades de apoyo. Esta iniciativa busca fortalecer el ecosistema de innovación social en España y promover un modelo de cuidados centrado en los derechos.
El Ministerio de Derechos Sociales de España, liderado por Pablo Bustinduy, ha anunciado la creación de los Premios Nacionales a la Protección Animal, que se otorgarán anualmente para reconocer iniciativas destacadas en la protección de los animales. Las bases de estos premios se publicarán el 2 de junio y se recibirán aportaciones durante dos semanas. Habrá varias categorías, incluyendo el Premio Nacional a la Trayectoria y Compromiso con la Protección Animal y el Premio Nacional a la Mejor Iniciativa Institucional. Una Comisión de Valoración evaluará las candidaturas, compuesta por juristas y profesionales del ámbito veterinario. Este esfuerzo busca fomentar una sociedad más ética y respetuosa con los animales en España.
El Consejo de Ministros de España ha aprobado un nuevo Real Decreto que garantiza el acceso de personas con perros de asistencia a espacios públicos y privados en todo el país. Esta normativa, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, complementa las leyes existentes en cada Comunidad Autónoma y asegura que estas personas no sean discriminadas al utilizar estos animales en centros educativos, culturales, deportivos y comerciales, así como en playas y parques acuáticos. Además, se establece la formación oficial para los perros de asistencia y se reconoce su derecho al descanso tras cumplir diez años de servicio. Esta medida busca fomentar la autonomía e inclusión de personas con discapacidad y víctimas de violencia de género.
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