derechos sociales

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reunió con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, para expresar su rechazo a las terapias de conversión que se llevan a cabo en algunas diócesis del país. Durante el encuentro, Redondo destacó la intención del Ministerio de Igualdad de modificar el Código Penal para tipificar estas prácticas como delito. Además, abordaron la importancia de integrar a la Iglesia en la defensa de los valores constitucionales de igualdad y denunciaron actos discriminatorios hacia personas homosexuales. La ministra también subrayó la necesidad de garantizar el respeto hacia las mujeres en la Iglesia y combatir la violencia de género.

Más de la mitad de las personas sin hogar atendidas en proyectos de innovación social han logrado salir de la red de atención social, según un informe presentado por el Ministerio de Derechos Sociales. Estos proyectos, financiados por los fondos europeos Next Generation, incluyen "Derechos a la vivienda" y "H4Y FUTURO", y han beneficiado a 629 personas en total. El 52,7% de quienes llevaban más de siete años en situación de sinhogarismo lograron una salida autónoma, mientras que el 76,2% de los participantes con menos de seis meses en esta situación también alcanzaron la independencia. Además, el proyecto dirigido a jóvenes mostró que el 55,2% obtuvo resultados similares, con una tasa de éxito mayor entre mujeres. La secretaria de Estado Rosa Martínez destacó la importancia de enfoques innovadores y la voluntad política para erradicar el sinhogarismo en España para 2030.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, anunció que 65.000 familias en situación de vulnerabilidad ya han recibido las tarjetas monedero, un programa que permite adquirir alimentos y productos de primera necesidad en supermercados. Se espera que el total alcance a 70.000 familias. Este sistema, que sustituye al antiguo Programa FEAD, busca combatir la pobreza infantil y facilitar el acceso a alimentos frescos sin necesidad de acudir a comedores sociales. Las tarjetas se cargarán trimestralmente y su uso se extenderá hasta marzo de 2025. La colaboración con Cruz Roja ha sido clave para implementar este programa en los gobiernos autonómicos.