derechos humanos

El artículo de la Revista Actas de Fundación Caser aborda el edadismo en el entorno sanitario y sociosanitario, destacando su impacto como una forma de discriminación que afecta desproporcionadamente a las personas mayores. Se analiza cómo esta práctica estructural influye en el acceso a servicios, la calidad de atención y el respeto a la autonomía personal. A pesar de los marcos legales existentes, persisten actitudes que perpetúan un trato diferenciado basado en prejuicios sobre la fragilidad o incapacidad de los mayores. Se presentan evidencias del Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores, que revela patrones recurrentes de vulneración de derechos. El artículo concluye con recomendaciones para erradicar el edadismo institucional y promover un modelo de atención centrado en los derechos humanos, garantizando dignidad e igualdad para las personas mayores.

La ONU alerta sobre el alarmante aumento del feminicidio, con una mujer asesinada cada 10 minutos en 2024, lo que equivale a aproximadamente 50.000 víctimas anuales a manos de parejas íntimas o familiares. Este fenómeno se ve impulsado por la discriminación de género, relaciones de poder desiguales y normas sociales dañinas. El informe destaca que el feminicidio es la forma más extrema de violencia contra mujeres y niñas, con un impacto global que afecta a todos los países, siendo África la región con las cifras más altas. La ONU trabaja para fortalecer leyes y políticas públicas que aborden esta crisis y promueve la igualdad de género como parte de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revela que 840 millones de mujeres han sufrido violencia sexual o de pareja a lo largo de sus vidas, una cifra alarmante que apenas ha cambiado en las últimas dos décadas. En el último año, 316 millones de mujeres experimentaron violencia física o sexual por parte de sus parejas. A pesar del creciente reconocimiento del problema, la financiación para prevenir esta violencia está disminuyendo, justo cuando las necesidades aumentan. El informe destaca la urgencia de implementar políticas efectivas y destinar recursos para abordar esta crisis, especialmente en contextos vulnerables y entre grupos marginados. La OMS y otros organismos instan a los gobiernos a actuar con decisión para garantizar un mundo más seguro y equitativo para todas las mujeres y niñas.

La Fundación Mutualidad, a través de su Directora General Blanca Narváez, enfatiza la importancia de abordar el edadismo en el ámbito jurídico para garantizar la autonomía, igualdad y dignidad de las personas mayores. El Plan Estratégico 2024-2027 establece diez objetivos, enfocándose en erradicar el edadismo y proteger a este colectivo vulnerable. La fundación promueve una cultura del ahorro y educación financiera como herramientas clave para la inclusión y empoderamiento social. Además, se desarrollan iniciativas como cursos sobre los derechos de las personas mayores para profesionales del derecho, con el fin de mejorar su atención y defensa legal. La figura del "experto facilitador" se propone como solución para superar barreras digitales que limitan el acceso a la justicia. Este enfoque integral busca no solo visibilizar los derechos de las personas mayores, sino también fomentar un ecosistema colaborativo que beneficie a toda la sociedad.

En Gaza, al menos 21.000 de los 40.500 niños afectados por la guerra han quedado discapacitados debido a bombardeos y agresiones militares en los últimos dos años. Un informe del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad destaca que estos niños enfrentan condiciones de evacuación inseguras y carecen de servicios esenciales, lo que ha llevado a un aumento en la mortalidad entre ellos. Además, se estima que entre 480.000 y 485.000 personas en Gaza sufren problemas de salud mental o discapacidad psicosocial, siendo la mayoría niños. La falta de acceso a ayuda humanitaria agrava la situación, dejando a muchas personas con discapacidad sin alimentos ni atención médica adecuada. El Comité hace un llamado urgente para garantizar corredores seguros y mejorar el acceso a suministros esenciales para quienes más lo necesitan.

La creación del Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG) en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas representa un avance significativo en la protección de los derechos de las personas mayores. Este grupo se encargará de redactar un tratado internacional vinculante que podría convertirse en una convención específica para este colectivo. La primera reunión está programada para febrero de 2026, donde se establecerán la estructura y el funcionamiento del grupo. Es esencial que el proceso sea inclusivo, garantizando la participación activa de la sociedad civil y de las personas mayores desde el inicio. Se destacan acciones como promover la participación de organizaciones acreditadas, asegurar que se escuchen las voces diversas de las personas mayores y facilitar el acceso a los debates del IGWG para fomentar la transparencia y representatividad en el proceso.

El reciente informe de la ONU revela que la violencia sexual se utiliza como arma en conflictos, afectando a más de 4600 personas en 2024, un aumento del 25% respecto al año anterior. Las mujeres y niñas constituyen el 92% de las víctimas, aunque también hay hombres y niños afectados. Los patrones de violencia se han documentado en 21 países, incluyendo Ucrania y los territorios palestinos, donde el acceso para verificar denuncias ha sido limitado. El informe destaca la necesidad urgente de apoyo para las víctimas, quienes enfrentan estigmas y exclusión socioeconómica. Se insta a tomar medidas efectivas para prevenir estos crímenes y garantizar la rendición de cuentas.

La respuesta mundial al VIH enfrenta su mayor retroceso en décadas, según ONUSIDA. La disminución drástica de la financiación y el deterioro de los derechos humanos están interrumpiendo servicios vitales de prevención y tratamiento en numerosos países. En su informe del Día Mundial del Sida 2025, ONUSIDA destaca que la ayuda internacional podría caer entre un 30 % y un 40 % para 2025, afectando gravemente a las poblaciones vulnerables. Los programas de prevención han sufrido interrupciones significativas, con caídas en el acceso a tratamientos y pruebas en varios países. Además, se observa un aumento en las leyes punitivas que afectan a grupos marginados. Ante esta crisis, ONUSIDA hace un llamado a los líderes mundiales para reafirmar su compromiso con la financiación y los derechos humanos, advirtiendo que millones de vidas dependen de estas decisiones.

Un informe de UNICEF revela que aproximadamente 610 millones de niños en el mundo viven en hogares donde sus madres sufren violencia de pareja. Esta situación afecta especialmente a regiones como Oceanía, África subsahariana y Asia Central, donde la violencia es una realidad cotidiana. La exposición a este tipo de violencia no solo pone en riesgo los derechos de las mujeres, sino que también impacta negativamente el desarrollo y bienestar infantil, aumentando la probabilidad de que los niños repitan patrones violentos en el futuro. UNICEF insta a los gobiernos a implementar estrategias integrales para combatir tanto la violencia contra las mujeres como la que sufren los niños, resaltando que esta problemática debe ser abordada como una emergencia global.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha solicitado al PSOE su apoyo para impulsar una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores. En una reunión con Milagros Tolón, secretaria de Políticas Sociales del PSOE, se discutieron las prioridades para proteger los derechos y el bienestar de las personas mayores y con discapacidad. La PMP destacó la necesidad de recursos adecuados y mecanismos efectivos para garantizar dignidad, autonomía e igualdad. También se abordaron reformas legislativas pendientes, incluyendo la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, la PMP propuso un Plan Integral ante el envejecimiento y presentó propuestas sobre suficiencia económica, brecha digital, vivienda y violencia de género.

La igualdad de género es un derecho fundamental que puede transformar la economía global, según un informe de ONU Mujeres. A pesar de algunos avances en educación y salud, se estima que 351 millones de mujeres y niñas vivirán en pobreza extrema para 2030 si no se toman medidas urgentes. Invertir en igualdad podría añadir 1,5 billones de dólares al PIB mundial en cinco años y generar beneficios acumulados de 342 billones hacia 2050. El informe destaca la necesidad de aumentar la representación femenina en el liderazgo y subraya que la igualdad no es solo una cuestión de justicia, sino esencial para el desarrollo sostenible y los derechos humanos.

Más de mil millones de personas en el mundo sufren trastornos de salud mental, según la Organización Mundial de la Salud. A pesar de que algunos países han mejorado sus políticas, el gasto público en salud mental sigue siendo solo el 2% del presupuesto total en salud, con grandes disparidades entre naciones. La depresión y la ansiedad son las afecciones más comunes, generando costos económicos significativos. Se estima que estas condiciones cuestan alrededor de un billón de dólares anuales a la economía global. Aunque se han implementado iniciativas para integrar la salud mental en la atención primaria, menos del 10% de los países ha completado la transición a modelos comunitarios. La falta de inversión y leyes adecuadas sigue siendo un desafío crítico en este ámbito.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que establece la capacidad ordinaria de acogida para niños y niñas migrantes no acompañados en las Comunidades Autónomas. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha calificado esta medida como un avance crucial para garantizar los derechos de la infancia migrante. Se establece una ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes en el país, y se activa un protocolo de traslados si las comunidades multiplican por tres su capacidad. Esta normativa busca asegurar una acogida digna y solidaria para los menores que llegan solos a España.

La situación en Gaza es crítica, con hospitales desbordados por el aumento de heridos debido a la violencia y el surgimiento de enfermedades raras como el síndrome de Guillain-Barré. La Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios informa que los centros médicos están al borde del colapso, mientras que la escasez de alimentos se agrava, afectando a más de 500,000 personas en riesgo de hambruna. Solo un 1.5% de las tierras cultivables son accesibles, lo que contribuye a una crisis alimentaria sin precedentes. Expertos en derechos humanos piden la restauración del sistema humanitario de la ONU y denuncian el uso de la hambruna como arma de guerra. La comunidad internacional debe actuar urgentemente para proteger a la población palestina y garantizar el acceso a ayuda humanitaria efectiva.