derechos humanos

La UNED Calatayud, en colaboración con HelpAge International España, llevará a cabo del 29 de junio al 1 de julio de 2026 el curso de verano titulado «Vivir más, vivir mejor: claves y desafíos de la longevidad en una sociedad que envejece». Este evento se centrará en los retos del envejecimiento poblacional desde la perspectiva de los derechos humanos, abordando temas como el cuidado, las políticas públicas y la lucha contra el edadismo. El curso ofrecerá un total de 1 crédito ECTS y se podrá seguir tanto presencialmente en Calatayud como online. Expertos en diversas disciplinas participarán en ponencias y mesas redondas para discutir sobre la calidad de vida y los derechos de las personas mayores. La matrícula con precio bonificado estará abierta hasta el 1 de julio de 2026.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha aprobado criterios para distribuir 39 millones de euros destinados al Plan de Acción de Salud Mental y 17,83 millones para la prevención del suicidio en 2026. Los proyectos deben centrarse en derechos humanos, equidad y atención comunitaria, priorizando a colectivos vulnerables. Se financiarán iniciativas como centros de día y programas de hospitalización domiciliaria, mientras que no se apoyarán proyectos que aumenten camas o reformas hospitalarias. Además, se busca reducir desigualdades sociales en salud mental y fomentar la participación activa de usuarios y familiares en la toma de decisiones. Estos fondos son parte de la Estrategia de Salud Mental 2022-2026.

Hoy, 26 de marzo de 2026, Noelia Castillo Ramos, una joven barcelonesa de 25 años, recibirá la prestación de ayuda a morir en Cataluña tras un largo y complejo proceso judicial de más de dos años. Parapléjica desde 2022 tras una caída desde un quinto piso, Noelia ha luchado con determinación para ejercer su derecho a una muerte digna ante un sufrimiento físico y psicológico que ella describía como insoportable.

España ha reafirmado su compromiso con una Convención de la ONU sobre los derechos de las personas mayores durante una jornada en el IMSERSO. La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, destacó que envejecer debe ser considerado un derecho humano y no solo una cuestión asistencial. Se subrayó la necesidad de un marco jurídico internacional específico para proteger a este grupo demográfico, que representará un tercio de la población española para 2050. La jornada incluyó la participación del movimiento asociativo y expertos académicos, quienes enfatizaron la urgencia de establecer esta convención para garantizar los derechos de las personas mayores. España liderará las políticas globales de envejecimiento en la próxima reunión en Ginebra, programada para febrero.

España ha reafirmado su compromiso con la creación de una Convención de la ONU que proteja los derechos de las personas mayores durante una jornada en el IMSERSO. La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, destacó que envejecer es un derecho humano y subrayó la importancia de garantizar dignidad y autonomía a este grupo poblacional. Se enfatizó la necesidad de un marco jurídico internacional específico, ya que se prevé que para 2050, las personas mayores representen un tercio de la población española. La jornada también contó con la participación del movimiento asociativo y expertos académicos, quienes abogaron por una mayor inclusión y participación en el proceso de redacción de la Convención. Las próximas reuniones intergubernamentales se llevarán a cabo en Ginebra, donde España buscará liderar políticas globales sobre envejecimiento.

El artículo de la Revista Actas de Fundación Caser aborda el edadismo en el entorno sanitario y sociosanitario, destacando su impacto como una forma de discriminación que afecta desproporcionadamente a las personas mayores. Se analiza cómo esta práctica estructural influye en el acceso a servicios, la calidad de atención y el respeto a la autonomía personal. A pesar de los marcos legales existentes, persisten actitudes que perpetúan un trato diferenciado basado en prejuicios sobre la fragilidad o incapacidad de los mayores. Se presentan evidencias del Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores, que revela patrones recurrentes de vulneración de derechos. El artículo concluye con recomendaciones para erradicar el edadismo institucional y promover un modelo de atención centrado en los derechos humanos, garantizando dignidad e igualdad para las personas mayores.

La ONU alerta sobre el alarmante aumento del feminicidio, con una mujer asesinada cada 10 minutos en 2024, lo que equivale a aproximadamente 50.000 víctimas anuales a manos de parejas íntimas o familiares. Este fenómeno se ve impulsado por la discriminación de género, relaciones de poder desiguales y normas sociales dañinas. El informe destaca que el feminicidio es la forma más extrema de violencia contra mujeres y niñas, con un impacto global que afecta a todos los países, siendo África la región con las cifras más altas. La ONU trabaja para fortalecer leyes y políticas públicas que aborden esta crisis y promueve la igualdad de género como parte de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha solicitado un compromiso político para la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores antes de 2030. En una jornada celebrada en el Congreso, se destacó la necesidad de que España adopte un papel activo en este proceso internacional y se desarrollen medidas internas, como una Ley Integral de Derechos para mayores. Los participantes enfatizaron que la Convención puede ser clave para combatir el edadismo y garantizar derechos fundamentales, promoviendo una sociedad más justa e igualitaria. A pesar de un contexto internacional complejo, España reafirmó su compromiso con el desarrollo de esta Convención, buscando transformar políticas y legislación en favor de la dignidad y los derechos de las personas mayores.

La jornada organizada por la Fundación HelpAge International en Madrid destacó la insuficiente protección de los derechos de las personas mayores en diversos sistemas regionales, como América, África y Europa. Expertos y representantes institucionales abogaron por un enfoque centrado en los derechos humanos, subrayando la necesidad de una convención internacional específica para este grupo. Se analizaron los avances y desafíos en la implementación de normativas existentes, así como la urgencia de abordar problemas estructurales que afectan a las personas mayores, especialmente a las mujeres. Los participantes coincidieron en la importancia de ratificar instrumentos internacionales y garantizar una participación efectiva de este colectivo en los procesos que les conciernen.

El Informe Anual de Resultados 2025 del Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores (SEAM) revela preocupantes hallazgos sobre la discriminación por edad en diversos ámbitos. Presentado en el Ministerio de Igualdad, el informe destaca que durante 2025 se atendieron 658 consultas, siendo los temas más comunes la información sobre prestaciones y servicios, el abuso y maltrato, y los cuidados. Se documentan vulneraciones de derechos en salud, empleo y consumo, incluyendo internamientos injustificados y jubilaciones forzosas encubiertas. El SEAM propone recomendaciones para mejorar la protección de los derechos de las personas mayores, abogando por una Ley Integral que garantice su bienestar y dignidad.

El Imserso ha inaugurado una jornada sobre la futura Convención Internacional para los Derechos de las Personas Mayores, destacando la importancia del envejecimiento como un tema de derechos humanos. La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, enfatizó la necesidad de planificar políticas públicas ante el aumento de la población mayor. Se abordaron temas como la presión sobre el sistema de pensiones y la promoción de la autonomía personal. La reunión organizativa del Grupo de trabajo intergubernamental se llevará a cabo en Ginebra en febrero, donde España liderará las políticas globales de envejecimiento.

La Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) ha lanzado su primera Estrategia de Cooperación Feminista, un avance crucial para abordar el retroceso en los derechos de mujeres y niñas a nivel global. Esta estrategia establece que la igualdad de género es fundamental para el desarrollo sostenible y la justicia social, convirtiendo el feminismo en el eje central de la cooperación española. Se centra en cuatro pilares: derechos, representación, recursos y alianzas, buscando empoderar a mujeres y niñas para vivir libres de violencia y participar en decisiones clave. Además, adopta un enfoque interseccional que reconoce las diversas experiencias de desigualdad que enfrentan las mujeres, incluyendo a las mayores. La estrategia se alinea con la Ley 1/2023, reforzando la igualdad de género como base de la cooperación internacional.

La respuesta mundial al VIH enfrenta su mayor retroceso en décadas, según ONUSIDA. La disminución drástica de la financiación y el deterioro de los derechos humanos están interrumpiendo servicios vitales de prevención y tratamiento en numerosos países. En su informe del Día Mundial del Sida 2025, ONUSIDA destaca que la ayuda internacional podría caer entre un 30 % y un 40 % para 2025, afectando gravemente a las poblaciones vulnerables. Los programas de prevención han sufrido interrupciones significativas, con caídas en el acceso a tratamientos y pruebas en varios países. Además, se observa un aumento en las leyes punitivas que afectan a grupos marginados. Ante esta crisis, ONUSIDA hace un llamado a los líderes mundiales para reafirmar su compromiso con la financiación y los derechos humanos, advirtiendo que millones de vidas dependen de estas decisiones.

Un informe de UNICEF revela que aproximadamente 610 millones de niños en el mundo viven en hogares donde sus madres sufren violencia de pareja. Esta situación afecta especialmente a regiones como Oceanía, África subsahariana y Asia Central, donde la violencia es una realidad cotidiana. La exposición a este tipo de violencia no solo pone en riesgo los derechos de las mujeres, sino que también impacta negativamente el desarrollo y bienestar infantil, aumentando la probabilidad de que los niños repitan patrones violentos en el futuro. UNICEF insta a los gobiernos a implementar estrategias integrales para combatir tanto la violencia contra las mujeres como la que sufren los niños, resaltando que esta problemática debe ser abordada como una emergencia global.