Eutanasia

Hoy, 26 de marzo de 2026, Noelia Castillo Ramos, una joven barcelonesa de 25 años, recibirá la prestación de ayuda a morir en Cataluña tras un largo y complejo proceso judicial de más de dos años. Parapléjica desde 2022 tras una caída desde un quinto piso, Noelia ha luchado con determinación para ejercer su derecho a una muerte digna ante un sufrimiento físico y psicológico que ella describía como insoportable.

Christine Gauthier es una deportista paralímpica canadiense retirada, que ha denunciado que, después de que se quejara de la falta de una silla salvaescaleras en su casa, el mismísimo Departamento de Asuntos de Veteranos le ofreció aplicarle la eutanasia.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado jueves la Ley de la eutanasia y su entrada en vigor en tres meses desde su publicación.

El portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs), Francisco Igea, ha defendido que los pacientes con enfermedades irreversibles reciban cuidados paliativos en el final de su vida antes de entrar a debatir sobre la eutanasia, como propone el PSOE.

En 2023, España registró un aumento del 24,8% en las solicitudes de eutanasia, alcanzando un total de 766 peticiones según el informe anual del Ministerio de Sanidad. De estas solicitudes, se llevaron a cabo 334 prestaciones. La mayoría de los solicitantes son personas entre 70 y 79 años con enfermedades graves. El tiempo medio desde la solicitud hasta la prestación fue de 67 días, y un 25% de los solicitantes fallecieron antes de que se resolviera su petición. Este incremento refleja una creciente aceptación social y legal de la eutanasia en el país desde la implementación de la Ley Orgánica de Eutanasia en 2021.

El Ministerio de Sanidad tiene contacto continuo y reuniones semanales con las comunidades autónomas para prestar su apoyo en la implementación de la Ley.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró que “ya es hora de que España afronte el debate de la Eutanasia y garantice el derecho a morir dignamente sin obligar a nadie”.

El Cermi ha reclamado a los grupos políticos con representación parlamentaria que no asocien, en sus propuestas legislativas, discapacidad y edad avanzada con la regulación de la eutanasia o de las decisiones voluntarias sobre el final de la vida.