El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), impulsado por el Ministerio de Sanidad. Esta iniciativa busca consolidar la gestión pública como la modalidad preferente en la organización y administración de los servicios sanitarios, estableciendo un marco legal que refuerza los principios de universalidad, equidad, transparencia y calidad.
A pesar de que desde su creación el SNS ha priorizado la gestión pública, la creciente presencia de modelos privados en las últimas décadas ha generado fragmentación y déficits en la transparencia y control institucional. Este nuevo anteproyecto se basa en estudios internacionales, incluyendo un análisis de 38 países de la OCDE, que no han encontrado evidencia favorable a la privatización en términos de eficiencia, destacando que los sistemas públicos utilizan mejor los recursos.
Resultados negativos de modelos privados
En el caso español, se ha evidenciado que modelos como el Alzira han mostrado peores resultados en indicadores críticos como hospitalizaciones evitables y mortalidad por infarto o ictus en comparación con hospitales públicos equivalentes. La privatización también se asocia a una reducción del personal, lo que puede comprometer tanto la calidad asistencial como la sostenibilidad del sistema.
El anteproyecto establece como principios fundamentales del SNS aspectos como la accesibilidad, sostenibilidad y colaboración. Estos principios se aplicarán a todos los centros y servicios del SNS, reforzando así el papel crucial de las administraciones públicas en su gestión.
Definición y limitaciones de la gestión indirecta
La gestión directa se define como aquella realizada por:
- La administración sanitaria competente.
- Entidades del sector público institucional estatal, autonómico o local.
- Consorcios sanitarios formados entre diversas administraciones o entidades públicas.
Por otro lado, el anteproyecto restringe la gestión indirecta a situaciones excepcionales, permitiéndola solo cuando:
- No sea viable la prestación directa.
- Se garantice sostenibilidad financiera y eficiencia.
- Cumplan requisitos de calidad y accesibilidad del servicio.
Evaluación previa obligatoria para gestión indirecta
Se establece un procedimiento obligatorio para evaluar estos casos, que incluye:
- Una memoria justificativa elaborada por la administración sanitaria.
- Análisis por un comité evaluador compuesto por expertos sanitarios y representantes sociales.
- Publicación obligatoria del informe en el boletín oficial correspondiente.
- Un informe preceptivo de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) para concesiones de servicios.
A su vez, se eliminan definitivamente las fórmulas contractuales mixtas que vinculaban infraestructura con prestación del servicio.
Nueva regulación para consorcios sanitarios
La ley también establece un régimen jurídico específico para los consorcios sanitarios, que deberán:
- Adecuarse a una administración sanitaria específica.
- Sujeción a normativa presupuestaria y control contable.
- Someterse a auditorías anuales obligatorias.
- Tener personal regulado según su procedencia: funcionario, estatutario o laboral.
Dichos consorcios compartirán el régimen contable y presupuestario con la administración a la que estén adscritos.
Mecanismos para garantizar buen gobierno
El texto incorpora medidas destinadas a reforzar el control institucional sobre la gestión sanitaria:
- Deben dotarse instrumentos de buena gobernanza en centros sanitarios autonómicos e INGESA.
- Se establecerán indicadores comunes acordados en el Consejo Interterritorial del SNS.
- Las administraciones publicarán información detallada sobre contratación y resultados sanitarios periódicamente.
- Auditorías externas serán posibles siempre garantizando incompatibilidades para evitar conflictos de interés.
Evaluación y asesoramiento técnico sobre gestión privada
El anteproyecto prevé:
- Un informe evaluativo sobre experiencias privadas en el SNS desde 1997 elaborado por expertos en economía y gestión sanitaria dentro del año siguiente a su aprobación.
- Asesoramiento técnico para administraciones que deseen revertir servicios externalizados mediante Alta Inspección del SNS.
Aparte, deroga la Ley 15/1997 y modifica artículos relevantes de otras normativas sanitarias. Los contratos existentes seguirán vigentes hasta su finalización, aplicándose las nuevas disposiciones solo a futuros procedimientos.
Preguntas sobre la noticia
¿Qué objetivo tiene el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud?
El objetivo es garantizar la prioridad de la gestión pública en la organización, provisión y administración de los servicios sanitarios, estableciendo un marco jurídico claro que refuerza el carácter universal, equitativo, transparente y de calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).
¿Qué cambios se introducen respecto a la gestión directa e indirecta?
Se consolida la gestión directa como modalidad preferente y se limita la gestión indirecta a situaciones excepcionales, asegurando que se cumplan requisitos de calidad, continuidad y eficiencia.
¿Cuáles son los principios fundamentales del SNS según el anteproyecto?
Los principios fundamentales son: universalidad, accesibilidad, sostenibilidad, calidad, eficiencia, transparencia, equidad, solidaridad, participación y colaboración.
¿Qué evidencias se presentan sobre la privatización en el sistema sanitario?
Se menciona que estudios internacionales concluyen que no hay evidencia favorable hacia la privatización en términos de eficiencia y que los sistemas públicos hacen un mejor uso de los recursos. En España, modelos como el Alzira han mostrado peores resultados en comparación con hospitales públicos.
¿Cómo se regularán los consorcios sanitarios bajo esta nueva ley?
Los consorcios sanitarios estarán obligatoriamente adscritos a una administración sanitaria y deberán cumplir con normativas de estabilidad presupuestaria y control de cuentas.
¿Qué medidas se proponen para reforzar el control institucional en la gestión sanitaria?
Se establecerán indicadores comunes de salud y calidad, se publicará información detallada sobre contratación y resultados, y se prevé la externalización de auditorías para evitar conflictos de interés.
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