Salud

Mayo de 2026 ha registrado un máximo histórico de mortalidad asociado al calor, con 101 muertes, la cifra más alta para este mes desde 2015. El sistema de monitorización MoMo estima que entre 2015 y 2025 hubo 27.564 defunciones atribuibles a altas temperaturas. En respuesta, el Ministerio de Sanidad ha implementado el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas para mitigar los efectos del calor en la salud, actualizando umbrales de temperatura y estableciendo alertas en 182 zonas de meteosalud. Se recomienda a la población seguir pautas preventivas, especialmente a colectivos vulnerables como mayores y lactantes.

El Ministerio de Sanidad ha actualizado el protocolo para el manejo de casos confirmados de hantavirus Andes, estableciendo criterios claros para el alta hospitalaria y seguimiento. Los pacientes podrán recibir el alta tras tres días sin síntomas y obtener dos pruebas PCR negativas en orina y exudado orofaríngeo, separadas por 48 horas. Aunque algunos pueden seguir teniendo una PCR positiva en sangre después del alta, esto no implica riesgo de transmisión. Además, los contactos asintomáticos deberán completar su cuarentena y someterse a pruebas antes de retomar sus actividades normales. Estas medidas buscan garantizar la seguridad de pacientes y profesionales sanitarios durante la vigilancia del brote.

El Imserso ha iniciado un estudio nacional para analizar los cuidados de larga duración dirigidos a personas mayores con demencia y sus familias. La investigación, en colaboración con el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias (CREA), busca evaluar la calidad de los servicios actuales y formular propuestas de mejora. Se solicita la participación de profesionales del ámbito social, sanitario y comunitario, así como de familias afectadas por esta enfermedad. Con el aumento del envejecimiento poblacional en España, que afecta ya al 8% de las personas mayores de 65 años, este estudio es crucial para mejorar los cuidados y políticas públicas relacionadas con la demencia.

El Ministerio de Consumo ha impuesto una sanción de 30.000 euros a un distribuidor de productos alimentarios por información engañosa relacionada con la etiquetado de un pan especial. La multa se deriva de infracciones como la incorrecta denominación del producto y la falta de datos de contacto del responsable de la comercialización. Esta acción responde a una denuncia presentada en 2024 por FACUA-Consumidores en Acción y refuerza el criterio de que las empresas distribuidoras son responsables de la información en los productos de marca blanca, incluso si no participan en su fabricación. La normativa exige que los panes especiales sean correctamente etiquetados para evitar confusiones entre los consumidores sobre su composición.

El Ministerio de Sanidad y la OCDE han organizado una conferencia internacional en Madrid para desarrollar un plan de acción sobre la adopción responsable de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito sanitario. Este evento reúne a más de 150 expertos de 44 países, incluyendo profesionales de la salud y especialistas en tecnología, con el objetivo de facilitar la integración segura y eficaz de la IA en los sistemas de salud. Se abordarán temas como la gobernanza, validación de algoritmos y protección de datos, así como la necesidad de formación para garantizar un uso ético y seguro de estas tecnologías. España destaca por contar con una estrategia específica para la IA en salud, que incluye una inversión significativa para proyectos relacionados con la digitalización y desarrollo de herramientas basadas en IA.

Investigadores de las universidades Complutense de Madrid y Rey Juan Carlos han identificado nuevos biomarcadores que podrían mejorar el diagnóstico y seguimiento de la COVID persistente, que afecta a cerca de 2 millones de personas en España. El estudio revela niveles elevados de anticuerpos IgA en saliva frente a una proteína del coronavirus, así como una disminución del componente C3 del sistema del complemento. Estos hallazgos sugieren que el sistema inmunitario sigue activo como si el virus estuviera presente, lo que contribuye a la inflamación crónica. La investigación destaca la importancia de estos biomarcadores para entender mejor los mecanismos inmunológicos detrás del síndrome post-COVID y su potencial impacto en el tratamiento. Para más información, visita el enlace: https://biblioteca.cibeles.net/nuevos-biomarcadores-para-el-diagnostico-y-seguimiento-de-la-covid-persistente/

El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución de 172,4 millones de euros para el desarrollo del Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria en 2026. La asignación se divide en un 50% basado en variables objetivas y el otro 50% condicionado al cumplimiento de hitos relacionados con empleo público y estabilidad docente. Esta inversión busca fortalecer la Atención Primaria, mejorar diagnósticos, optimizar procesos administrativos y promover programas de salud comunitaria. Se prioriza la detección temprana de violencia de género y medidas para la salud materno-infantil. Los criterios de distribución consideran la población protegida y variables geográficas.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha instado a la comunidad internacional a acelerar la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores antes de 2030. Durante una jornada celebrada en el Congreso de los Diputados, se discutieron los avances y desafíos del proceso, destacando la necesidad de que España adopte un papel activo en su desarrollo. El presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández, enfatizó que no se debe procrastinar en este asunto crucial para garantizar derechos y dignidad a las personas mayores. La jornada reunió a expertos y representantes institucionales, quienes coincidieron en la urgencia de combatir el edadismo y promover un marco legal que proteja los derechos humanos de este grupo demográfico.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha solicitado un compromiso político para la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores antes de 2030. En una jornada celebrada en el Congreso, se destacó la necesidad de que España adopte un papel activo en este proceso internacional y se desarrollen medidas internas, como una Ley Integral de Derechos para mayores. Los participantes enfatizaron que la Convención puede ser clave para combatir el edadismo y garantizar derechos fundamentales, promoviendo una sociedad más justa e igualitaria. A pesar de un contexto internacional complejo, España reafirmó su compromiso con el desarrollo de esta Convención, buscando transformar políticas y legislación en favor de la dignidad y los derechos de las personas mayores.

El envejecimiento ha evolucionado hacia un enfoque que resalta la participación y contribución social de las personas mayores, según lo indicado por Foster y Walker. Este cambio de paradigma sugiere que envejecer no significa retirarse, sino más bien adaptarse a nuevas oportunidades para seguir activos en la sociedad. Las personas mayores son un grupo diverso que experimenta cambios biológicos, psicológicos y sociales a lo largo de su vida, manteniendo roles importantes en la familia y la comunidad. La generatividad, entendida como el apoyo a otras generaciones, se convierte en un elemento clave del envejecimiento activo, ayudando a combatir el edadismo y destacando las capacidades de este grupo etario.

El Consejo de Ministros de España ha aprobado un Real Decreto que establece el primer marco estatal para la evaluación de tecnologías sanitarias en el Sistema Nacional de Salud. Esta normativa introduce un sistema completo y transparente para analizar medicamentos, productos sanitarios, pruebas diagnósticas, terapias digitales y procedimientos clínicos. El objetivo es regular cómo se evaluarán estas tecnologías para apoyar decisiones sobre financiación y su incorporación al sistema sanitario. La regulación busca evitar duplicidades en evaluaciones clínicas ya realizadas a nivel europeo, centrándose en el valor añadido y aspectos no clínicos relevantes para España. Además, se garantiza la participación de la sociedad civil en el proceso de evaluación y se imponen estrictas garantías de transparencia y ética. Con esta iniciativa, España avanza hacia un modelo más eficiente en la incorporación de innovaciones sanitarias basadas en evidencia.

El Ministerio de Derechos Sociales ha lanzado un nuevo protocolo para implementar y evaluar la accesibilidad en la Administración General del Estado (AGE). Este protocolo, parte del II Plan Nacional de Accesibilidad Universal, busca garantizar que todos los ministerios integren la accesibilidad en su gestión. A través de un sistema de autoevaluación, se abordarán áreas clave como recursos humanos, entorno físico y atención al ciudadano. El objetivo es identificar y corregir barreras para promover entornos inclusivos, beneficiando a personas con discapacidad y otros grupos con necesidades específicas. La iniciativa refuerza el compromiso del Gobierno con la inclusión social y la autonomía personal.

El Ministerio de Sanidad ha anunciado la ampliación del cribado de cáncer de mama para incluir a mujeres de entre 45 y 74 años, con el objetivo de mejorar la detección precoz y reducir la mortalidad. Esta medida responde al aumento de casos en mujeres jóvenes y mayores, así como a las recomendaciones de diversas organizaciones y asociaciones de pacientes. La implementación será gradual, permitiendo hasta seis años para alcanzar una cobertura cercana al 100%. La periodicidad del cribado se mantendrá cada dos años, aunque se contempla un intervalo trienal inicial para facilitar la adaptación. Se estima que esta modificación tendrá un impacto presupuestario de 534 millones de euros entre 2025 y 2029.

El Ministerio de Sanidad ha actualizado el protocolo frente al brote de hantavirus, permitiendo que los contactos asintomáticos y con PCR negativa durante los primeros 28 días de cuarentena hospitalaria continúen su seguimiento en casa hasta completar un total de 42 días. Esta medida se implementará solo si el domicilio cumple con las condiciones adecuadas para garantizar el aislamiento seguro. Además, se establecen requisitos para los traslados desde el hospital y un seguimiento diario por parte de las autoridades sanitarias. El protocolo está sujeto a revisiones continuas según la evolución epidemiológica.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha aprobado criterios para distribuir 39 millones de euros destinados al Plan de Acción de Salud Mental y 17,83 millones para la prevención del suicidio en 2026. Los proyectos deben centrarse en derechos humanos, equidad y atención comunitaria, priorizando a colectivos vulnerables. Se financiarán iniciativas como centros de día y programas de hospitalización domiciliaria, mientras que no se apoyarán proyectos que aumenten camas o reformas hospitalarias. Además, se busca reducir desigualdades sociales en salud mental y fomentar la participación activa de usuarios y familiares en la toma de decisiones. Estos fondos son parte de la Estrategia de Salud Mental 2022-2026.